El Supremo da la puntilla final al caso Isofotón, con la pérdida de 44 millones en ayudas de la Junta de Andalucía

En un auto fechado el pasado 13 de diciembre, el Supremo acuerda desestimar el recurso en una resolución contra la que no cabe recurso. La Fiscalía elevó una queja al Alto Tribunal porque la Audiencia de Sevilla se negó a tramitar un recurso de casación contra dos autos que resultaban contradictorios. Con pocos días de diferencia, un tribunal de dicho órgano acordaba el archivo de la causa (8 de septiembre) y otro (13 de septiembre), dejaba la decisión final en manos de la juez instructora tras constatar ambos que la investigación se había prorrogado fuera de los plazos que marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tras la reforma introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy para evitar que las causas se eternizasen.

Las defensas habían alegado este error para tumbar la causa abierta en el año 2015, una batalla que inició el letrado Juan Carlos Alférez con un recurso al que luego se han adherido el resto de abogados de los investigados. La 'jugada' les ha salido bien. «No concurren en este caso los presupuestos formales de admisibilidad del recurso de casación», señala el auto del Supremo. En dicha resolución, admite que «pueden existir dudas» a pesar de las afirmaciones del tribunal de la Audiencia en cuanto a que «no estamos ante un sobreseimiento libre o archivo de las actuaciones, en supuestos como el analizado que trae causa del transcurso del tiempo de instrucción fijado legalmente o crisis procesal».

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Sobre la cuestión de si «el auto que se pretende recurrir en realidad es equivalente al archivo definitivo», los magistrados interpretan que »no concurre el segundo requisito, pues no existe resolución judicial fundada, entendiéndose por tal la que describe el hecho, se consigne el Derecho aplicable y se indiquen las personas responsables, tal sería el auto de transformación de las Diligencias Previas en procedimiento abreviado o el auto de procesamiento en el procedimiento ordinario». Señala, pues, que el auto de fecha 24 de julio de 2020 lo único que acuerda es la práctica de diligencias para «un completo esclarecimiento de los delitos de malversación«. 

Además, el Supremo avala la actuación de la Audiencia en su desencuentro con la Fiscalía. La primera, sin entrar en el fondo del asunto, determinó que no se trataba de una resolución «recurrible en casación» y resolvió «no tener preparado» dicho recurso. El nuevo auto esgrime que «si bien el acceso a los recursos legalmente establecidos forma parte de la tutela judicial efectiva, este derecho no queda vulnerado cuando el recurso interpuesto es inadmitido por el órgano judicial competente».

Isofotón cobró 44,15 millones de euros de los casi 80,5 millones de euros que sucesivos gobiernos socialistas le concedieron entre 2005 y 2012 a través de subvenciones a fondo perdido, préstamos y avales que no se materializaron en las inversiones comprometidas y que tampoco lograron reflotar la planta malagueña.

La nueva juez de Instrucción número 3 de Sevilla había acordado el archivo masivo de la investigación contra todos ellos, incluidos cuatro exconsejeros en gobiernos del PSOE imputados: Antonio Ávila (Economía), Manuel Recio (Empleo), Martín Soler y Francisco Vallejo (ambos de Innovación).

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla había marcado hace unos días el camino al juzgado en varias resoluciones en las que estimaba los recursos interpuestos por tres investigados que habían alegado que la investigación se había ampliado de manera «extemporánea». «La consecuencia es la nulidad y falta de validez de todo lo actuado con posterioridad» al 6 de junio de 2017, la fecha límite para prorrogar la instrucción, según declara la Audiencia en un auto del 13 de septiembre pasado. En esta resolución se ha amparado la instructora para dar carpetazo a la causa mediante otro auto dictado el pasado 3 de octubre y hacer «extensible» el archivo a las 40 personas, 37 de ellas ex responsables autonómicos, que fueron citados con la condición de investigados el 24 de julio de 2020, es decir, cuando la instrucción ya estaba caducada.

En todo caso, ésta no es el único recurso de queja que ha elevado al Supremo la Fiscalía Anticorrupción, aunque marca el camino para el resto de impugnaciones. La Fiscalía defiende que el Alto Tribunal establezca una doctrina sobre este tipo de archivos por defectos de forma que ahora han afectado a Isofotón y que antes finiquitaron otras piezas separadas de la macrocausa de corrupción de los ERE.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, había fichado por Isofotón como directiva sólo un mes después de que la compañía de energía fotovoltaica recibiera el crédito irregular de 8,4 millones de euros que nunca fue devuelto a las arcas públicas y que no tuvo el destino comprometido. Dirigió durante ocho meses la expansión internacional de la empresa y su «alianza estratégica» con Samsung, el plan financiado por la Junta mediante el citado crédito.