Los sindicatos piden la intervención «urgente» del Defensor del Pueblo Andaluz ante la «grave situación» de la sanidad pública

Representantes de los sindicatos Satse, CSIF, CCOO y UGT han pedido al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, su «intervención urgente» ante la grave situación que sostienen atraviesa la sanidad pública en la región y los incumplimientos de los acuerdos alcanzados con la Junta de Andalucía.

Así lo han hecho este lunes durante una reunión con Maeztu, en la que han denunciado la paralización del pacto de Carrera Profesional, firmado en la Mesa Sectorial de Sanidad el 27 de diciembre de 2023, que aún no ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno, demora que consideran «inaceptable».

Además, han denunciado que la consejera de Salud, junto con Función Pública, se ha «desvinculado» de este acuerdo en un acto de «deslealtad institucional sin precedentes en la comunidad autónoma».

Los sindicatos han añadido que dichos acuerdos fueron fruto de una «negociación leal y transparente» entre las organizaciones sindicales y la Administración en la Mesa Sectorial, donde ambas partes reconocieron la representatividad y capacidad negociadora de la otra.

En este periodo de incumplimiento, sostienen que los trabajadores del SAS han sufrido otras medidas perjudiciales, como la paralización de la Bolsa de Empleo Temporal o el recorte del 12% de una parte de su salario, específicamente del complemento asociado al cumplimiento de objetivos, «debido a la mala gestión del SAS».

Por todo ello, han solicitado la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz para garantizar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados y para combatir la «indefensión administrativa que sienten los trabajadores del SAS ante la gestión de la Administración y una política sanitaria que pone en riesgo la sanidad pública andaluza».

Según añaden en un comunicado de prensa, Jesús Maeztu se ha mostrado receptivo a las reivindicaciones presentadas por los sindicatos y ha expresado su compromiso de estudiar las posibles vías de mediación para asegurar el cumplimiento de los acuerdos, tanto para mejorar la calidad asistencial como las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.