Los sindicatos se oponen a que la Junta de Andalucía despida a enchufados del PSOE que llevan 14 años trabajando sin titulación

Veintidós de los afectados por la extinción laboral proceden de la desaparecida Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, conocida como la Faffe, un organismo que está siendo investigado judicialmente por el enchufe de 84 militantes y familiares de cargos socialistas con cargo a las subvenciones de la propia Junta. Dichas ayudas constituían la principal fuente de financiación en los ocho años (2003-2011) que estuvo funcionando esta fundación dedicada a dar cursos de formación a los parados andaluces.

En un correo electrónico remitido a los trabajadores, al que ha accedido ABC, el comité de empresa de Sevilla carga contra la dirección de la agencia que gestiona las oficinas del paro en la comunidad autónoma y anuncia una serie de medidas de presión durante este septiembre. Las protestas van desde «una huelga a jornada completa» hasta manifestaciones y concentraciones diarias de cinco minutos durante el descanso para el desayuno en todos los centros de trabajo a partir de la segunda mitad de este mes. Para definir el calendario de protestas, según el correo del comité de empresa del personal laboral propio, se van a realizar «asambleas informativas» y extender las acciones a todos los sindicatos de la mesa de negociación del convenio único en todas las provincias. Integran el comité las secciones de UGT, Comisiones Obreras, Unión Independiente de Trabajadores de Andalucía (UITA), Utedef, CSIF y CGT.

La extinción de los contratos de los 23 trabajadores del SAE, 12 administrativos y 11 técnicos, es consecuencia directa de un plan que el 23 de diciembre de 2022 puso en marcha la Consejería de Empleo, de la que depende el SAE, para estabilizar a los interinos, siguiendo los dictados de la Comisión Europea que sancionó a España por abusar de la temporalidad en el empleo público.

La consejería convocó un concurso de méritos que permitía hacer fijos a trabajadores temporales de la agencia que gestiona las oficinas del paro sin tener que superar unas oposiciones. En las bases reguladoras del proceso, que fueron negociadas y pactadas previamente con los sindicatos representadas en el comité de empresa, se establecieron unos requisitos de titulación que debían reunir los candidatos a las 1.297 plazas ofertadas en las distintas categorías profesionales. Son las mismas bases que ahora rechazan estas organizaciones por los efectos colaterales que han tenido.

La sorpresa fue mayúscula cuando, en plena negociación del plan de estabilización, trascendió que algunos trabajadores contratados bajo los gobiernos del PSOE no sólo incumplían los principios normativos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben regir en los procesos selectivos en la Administración Pública, sino que han estado hasta 15 años desempeñando tareas como administrativos o técnicos en la Junta de Andalucía sin serlo, es decir, si tener un título que les habilitase para ejercer dichos puestos.

La dirección del SAE hizo una consulta al Gabinete Jurídico de la Junta. La respuesta de los letrados autonómicos ha sido tajante: no puede seguir a sueldo del Servicio Andaluz de Empleo quienes no reúnen el perfil académico requerido. El Consejo Consultivo de Andalucía también apoyó la decisión de extinguir los contratos como sucede en cualquier relación empresario-empleado.

Con el aval de los informes jurídicos, la consejería que dirige Rocío publicó el pasado 5 de agosto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) una nueva resolución que anulaba la adjudicación de las plazas a los 23 candidatos que no han podido acreditar los méritos. Veintidós de ellos son antiguos trabajadores de la Faffe que habían sido absorbidos o subrogados por el SAE cuando el Gobierno de José Antonio Griñán disolvió esta entidad en mayo de 2011. Uno de los afectados por la extinción laboral procede de las denominadas Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) liquidadas por el Ejecutivo socialista.

La nueva resolución de la directora gerente de la agencia pública, adelantada por ABC, revoca el nombramiento de los 23 empleados sin la titulación mínima exigida en las bases. Se pone así en marcha el trámite para el cese de los primeros enchufados en la etapa de Gobierno socialista.

La Junta corrige de este modo una resolución del 29 de febrero de 2024 que estabilizaba a todos los interinos, 520 de ellos procedentes de la Faffe. En la nueva disposición excluye a los 23 que desempeñaban un trabajo para el que no estaban cualificados.

Aquellos que tengan a un sustituto en el puesto ofertado, un candidato que quedara en segunda posición en el concurso, van a recibir la carta de despido en los próximos días. En cambio, quienes no tengan un reemplazo, continuarán de manera transitoria hasta que se convoque un nuevo proceso selectivo que garantice la cobertura reglamentaria de la plaza, tal y como marca el Gabinete Jurídico. Si no logran acreditar la titulación, serán también expulsados del SAE en el momento que las plazas sean ocupadas por otros aspirantes que sí la tienen y que puedan demostrarlo. Para éstos últimos, el despido puede llegar dentro de un año, el tiempo que puede tardar en resolverse el nuevo concurso-oposición que se va a convocar.

Llama la atención que los administrativos y técnicos afectados han tenido casi 15 años, el tiempo que llevan en nómina del SAE, para sacarse la titulación que ahora les requiere la Consejería de Empleo para consolidar los puestos que ocupan. En el caso de los administrativos basta con realizar un ciclo Formación Profesional (FP) de Grado Medio o Superior. La mayoría de los técnicos tiene un módulo de FP aunque ocupan un puesto que exige un grado universitario. Algunos ni siquiera habían cursado el Bachillerato.

Con la disolución de la Faffe en los meses previos a de las elecciones andaluzas de marzo de 2012 que todas las encuestas vaticinaban que iba a ganar el PP –que al final no gobernó–, la Junta presidida por Griñán aprobó la Ley de Reordenación del Sector Público. La norma, bautizada por los sindicatos como 'ley del enchufismo', posibilitó que en mayo de 2011 los 1.664 trabajadores de la Faffe no se quedaran en la calle sino que fueran recolocados en los servicios centrales y en las oficinas del SAE conservando las mismas condiciones que tenían y salarios que, en numerosos casos, eran más altos que los de funcionarios con la misma categoría.

Como publicó ABC, tres de los enchufados que van a ser despedidos por la Junta, ahora en poder del PP, están siendo investigados por el Grupo de Delincuencia Económica Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En un atestado entregado en mayo al juez instructor, la UCO constató que la mayoría de los 84 extrabajadores por la Faffe denunciados por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) fueron contratados «de manera arbitraria». De este modo, allegados al PSOE accedieron a un empleo público mediante un proceso selectivo creado expresamente para ellos.