El sindicato del antiguo personal de la Faffe pide no echar a los empleados sin título porque llevan así 15 años

La entidad dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha comunicado el despido a cinco técnicos que no han podido acreditar los méritos para convertirse en personal fijo tras convocar un proceso de estabilización. Planea rescindir los contratos a 18 más que están en la misma situación.

El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía determinó que el SAE no puede mantener al personal que no reúne los requisitos de titulación exigidos en las bases reguladoras del concurso de méritos, que fueron consensuadas con los sindicatos, incluida la UITA.

Esta organización sindical, que nació en 2011 como resultado de una reordenación de la ‘administración paralela’ de la Junta que hizo entonces el Gobierno de José Antonio Griñán (PSOE), defiende ahora que «si les contrataron con unos requisitos (titulación u otro) y en una categoría, ahora no pueden requerirles, 15 años después, otros requisitos para el mismo puesto que desempeñan». Así lo recogen en una circular publicada por el sindicato el pasado mes de agosto, donde arremetía contra ABC por informar de que la Consejería de Empleo tramita el cese de 23 contratados que carecen de título.

En el escrito que difundió en la red social X pero que no remitió al periódico, la UITA acusa a ABC de «manipular» y de publicar «un relato de la realidad falseado, que no solo contiene acusaciones graves contra los trabajadores afectados, afirmando que carecen de ninguna titulación para ocupar el puesto que desempeñan, sino a los que también llama ‘enchufados’ sin conocer siquiera los nombres de las personas afectadas ni haber sobre ellas confirmación de que exista relación directa y consecuente entre el contrato y una posible relación con el PSOE».

En su diatriba contra ABC, omitía el sindicato que la Guardia Civil ha acreditado la contratación «arbitraria» de la mayoría de 84 allegados a cargos del PSOE y los sindicatos en la extinta Faffe en un atestado dirigido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que investiga el enchufismo en la fundación.

El sindicato mayoritario entre los antiguos Faffe, reincorporados al SAE en 2011, alega que los 23 trabajadores afectados por los ceses «fueron contratados para realizar una serie de tareas cuyo cumplimiento no se ha cuestionado todos estos años, asignando incluso a algunos de ellos tareas de responsabilidad en estos últimos seis años ya con el Gobierno del PP».

La UITA reconoce que no tienen titulación, como desveló ABC, pero no cree que esto sea un obstáculo para que sigan ocupando un puesto pagado con dinero público. Argumenta que «los contratos originales de estas personas, muy anteriores al proceso de disolución de la Faffe e integración en el SAE, fueron válidos en el momento de sus contrataciones conforme al convenio colectivo de aplicación, aún vigente, y entre las distintas categorías profesionales no se establecen requisitos de titulación para los puestos que ocupan».

El sindicato culpa al SAE de conducir a estos empleados a una «situación imposible de resolver, obligándoles a concurrir a unas plazas aun sabiendo que no reunían los requisitos exigidos e impidiéndoles presentarse a aquellas que por categorías y titulación les hubieran permitido la consolidación del puesto».

Para defenderse, la UITA enciende el ventilador. Y relaciona los ceses del SAE con el supuesto «cuestionamiento de la titulación del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla», al que acusan de «falsear sus méritos académicos». Todo ello, después de que el mismo sindicato validara las bases del concurso de méritos que va a dejar en la calle a 23 trabajadores que ocupan un empleo público para el que no tienen título. Así han estado durante más de 15 años, que se dice pronto.