Villén vincula el pago con tarjetas en cinco prostíbulos a su «actividad comercial» como director de la Faffe

Villén ha admitido que utilizó una tarjeta oficial de la Faffe en el marco de la «actividad comercial» que desempeñaba buscando fondos privados para financiar el funcionamiento de la entidad pública que dirigió entre 2003 y 2011, según indicó su abogado, Pablo Ollero . El fiscal le preguntó cómo era posible que confundiera la tarjeta oficial con la suya propia cuando aparecen hasta 15 pagos en un mismo día en el club de alterne Don Angelo. El ex director de la Faffe ha reconocido que no siempre la usó por error, según indicaron fuentes judiciales.

En relación a su «actividad comercial» como director de la Faffe, Villén ha explicado que la desempeñaba por encargo del patronato de la fundación adscrita a la Consejería de Empleo, puesto que había un acuerdo que le obligaba a buscar fuera de la Administración un «porcentaje» de los ingresos del ente público, según explicó su abogado, Pablo Ollero. La principal fuente de financiación provenía de las subvenciones que les inyectaba la Junta de Andalucía. Aseguró que la citada actividad comercial le reportó 40 millones de euros.

Villén ha declarado durante casi una hora ante la juez María Núñez Bolaños . Lo ha hecho a petición de la Junta de Andalucía (acusación en el caso Faffe), para aclarar los pagos de servicios en prostítulos con tarjetas para gastos de representación que manejaba como máximo responsable de esta entidad perteneciente a la Junta de Andalucía.

El exdirector de la Faffe ha confesado que «estaba profundamente arrepentido» y «avergonzado» por estos gastos que calificó de «indecorosos» e «impresentables» , pero no ha querido revelar la identidad de quienes le acompañaron en doce fiestas en cinco clubes de alterne, a pesar de que la Fiscalía se lo ha preguntado en varias ocasiones. Él sólo ha asegurado que eran «amigos y conocidos», sin entrar en más detalles más datos porque no ha querido decirlo, según indicó a los periodistas su letrado.

Su abogado, Pablo Ollero, ha manifestado que no eran «tarjetas black» sino una sola tarjeta para gastos de representación y que «no se ha producido una falta de transparencia que provocara un gasto público», porque ha devuelto todo el dinero con sus propios ahorros mediante el reintegro en efectivo del dinero en la caja central de la entidad pública o mediante la anulación de los cargos en el caso de la noche del 22 al 23 de marzo de 2010, cuando pagaron hasta 14.737 euros en el club de alterne Don Angelo de Sevilla. «Dentro y fuera de la actividad comercial se confundía de tarjeta», ha declarado su letrado.

Esta versión no se la cree la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. En un atestado entregado al juzgado, cuestiona que Villén reintegrase el dinero que antes había gastado con las tarjetas de crédito. Sospecha que las anotaciones en el libro de la Faffe pueden ser ficticias y que la contabilidad habría sido maquillada para «camuflar» gastos que no tienen ninguna justificación dentro de su actividad como director de la fundación encargada de formar a desempleados.

Ollero ha restado hierro a los gastos en clubes de alterne, que ascendieron a 31.969 euros en doce ocasiones, según la Guardia Civil. En declaraciones a los periodistas, el abogado ha pedido que no nos «rasguemos las vestiduras» cuando « han sido diez ocasiones en ocho años , que son 2.920 días», dijo.

Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, tres de las seis tarjetas oficiales que tenía asignadas el ex alto cargo autonómico se utilizaron en cinco locales de alterne diferentes de Sevilla, Córdoba y Cádiz .

En la relación de adeudos de las tarjetas, que estaban vinculadas a cuentas que se nutrían de fondos públicos para cursos de formación, constan abonos por un importe de 31.969 euros entre 2004 y 2010 . De acuerdo con la investigación del Instituto Armado, doce juergas se habrían pagado con las tarjetas y figura una con dinero en efectivo.

La magistrada investiga el supuesto desvío de fondos públicos para cursos de formación de desempleados por parte de la fundación Faffe, disuelta en 2011, cuyo personal (1.552 personas) se integró en la agencia del Servicio Andaluz de Empleo.