Tumbar el decreto estrella de la Junta de Andalucía, objetivo prioritario del Gobierno y el PSOE andaluz

El Ejecutivo de Pedro Sánchez está en contra de los apartados 4 y 6 del artículo 28, en virtud de los cuales empresas privadas podrán gestionar las emisoras de televisión y radio de los ayuntamientos, además de eliminar la prohibición de emitir publicidad institucional en emisoras piratas (las que no tienen el título preceptivo para emitir), lo que supone su legalización en la práctica. Asimismo, discrepa del artículo 13 que reduce los trámites para hacer obras en el entorno de los Bienes de Interés Cultural (BIC).

En el acuerdo del Consejo de Ministros se plantea la suspensión de la aplicación de estos artículos hasta que se dicte sentencia aunque también se abre una puerta al diálogo que, por cierto, no se ha producido hasta la fecha. Y no suele ser lo habitual ya que primero se establece un diálogo en la Comisión Bilateral y, si no fructifica, se recurre al Tribunal Constitucional. Así ha sido, además, en el último conflicto entre ambas administraciones, el que afecta al decreto de regularización de las viviendas irregulares que la promulgado la Junta.

Desde el Gobierno andaluz también quieren dialogar. El vicepresidente andaluz, Juan Marín , tendía la mano para tratar de llegar a un acuerdo en este sentido, destacando que al Gobierno central «le ha parecido bien el 95% de la norma de la Junta».

Marín trataba de buscar contradicciones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE andaluz que este martes anunció, amparado por 50 senadores socialistas, otro recurso de inconstitucionalidad, cuando lo permita el estado de alarma. Igual hará Adelante Andalucía.

Para los socialistas y Adelante Andalucía , la norma se ha convertido en el principal frente político contra el Gobierno andaluz . En parte por su contenido, entienden que relaja en demasía los controles administrativos para favorecer a las empresas, y en parte porque saben que es el principal proyecto del Gobierno del cambio, su primera decisión política en cuanto a la gestión.

El portavoz adjunto del PSOE, Manuel Jiménez Barrios , lo calificó ayer como un « atropello al marco parlamentario y al sentido común».

Jiménez Barrios entiende que coloca a Andalucía en una situación de «grave inseguridad jurídica y afectará al legítimo tráfico legal de las pequeñas y medianas empresas, de autónomos, emprendedores y la ciudadanía en general, y especialmente también a las administraciones públicas, a las que «complica enormemente». Jiménez Barrios, al igual que Ángela Aguilera de Adelante Andalucía, entienden que se ha aprobado sin debate y en plena crisis por el coronavirus.

Para tratar de paliar estas críticas, el vicepresidente Juan Marín anunció que v olverán a llevar el decreto al Parlamento para debatirlo y aceptar enmienda s Y fue peor porque no hay motivo legal para volver a llevar a la Cámara una norma ya aprobada y en vigor, lo que le acarreó una gran lluvia de críticas por parte de los grupos de la oposición.