El TSJA permite que la Junta de Andalucía ponga un abogado a Susana Díaz en el proceso contra Spiriman

En un auto del 29 de abril, el tribunal, compuesto, entre otros, por el presidente del TSJA, Lorenzo del Río , rechaza el recurso de súplica que presentó Candel contra la inadmisión a trámite de su querella contra Díaz y los exconsejeros de Presidencia ( Manuel Jiménez Barrios ) y de Salud ( Marina Álvarez ).

Spiriman les acusaba de posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos bajo el argumento de que, según el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta, sólo se prevé o se permite la intervención de los letrados autonómicos en representación de un funcionario o autoridad cuando los procedimientos se dirijan contra ellos, pero no cuando sean parte actora «demandante o querellante».

El TSJA tiene otra opinión y confirma la inadmisión de la querella porque interpreta que las autoridades y funcionarios, ya sea como denunciados o denunciantes, pueden hacer uso de los letrados del Gabinete Jurídico de la Junta, lo que afecta también al «ejercicio de la acusación particular».

Cuando todavía era presidenta de la Junta, Díaz se personó en la causa un día antes de que Spiriman declarara como investigado el pasado mes de octubre en el Juzgado de lo Penal número 6 de Granada . El doctor defendió que sus descalificaciones a Díaz y Blanco en vídeos difundidos en las redes sociales formaban parte de la crítica como gestores políticos y que no se trataba de un asunto personal. El juicio se celebrará el 27 de junio. Tanto la expresidenta como Martín Blanco han pedido declarar por videoconferencia, pero la defensa de Candel lo ha recurrido.

La Sala argumenta que «se trata de la personación en una causa penal seguida por injurias y calumnias referidas no con relación a la vida privada o personal de la señora Díaz Pacheco y del señor Martín Blanco, sino, inequívocamente, a las políticas que fomentaron y decisiones que tomaron en su calidad de autoridad». Considera, por tanto, que el uso de letrados autonómicos no supone un «empleo de recursos públicos en beneficio particular indebido».

El tribunal ve «irrelevante» que Martín Blanco no ostentaba ningún cargo en la Administración sanitaria, puesto que trabajaba en la empresa pública Cartuja 93. En contra del criterio de la defensa de Candel, el TSJA permite que la Junta le preste asistencia jurídica como parte en el proceso penal.

El procedimiento penal contra Spiriman se inició a instancias del fiscal jefe de Granada a raíz de una denuncia presentada el pasado mes de marzo por el cantaor Juan Pinilla y el periodista Juan Pérez por un supuesto delito de odio hacia determinados colectivos, una denuncia apoyada por más de 2.500 firmantes.

El primer fiscal que instruyó las diligencias propuso el archivo en dos ocasiones al entender que sus descalificaciones formaban parte de la libertad de expresión en un tema sensible, como es la sanidad. Sin embargo, el fiscal jefe provincial de Granada, Pedro Javier Jiménez Lafuente , reactivó la denuncia penal al entender que el médico granadino había traspasado la raya en lo tocante a los delitos de calumnias e injurias. En contra de lo que mantenían los promotores de la denuncia, ninguno de los dos vio delitos de odio en su actuación.

En paralelo a este proceso, Spiriman presentó una querella contra Susana Díaz ante el Supremo por utilizar a funcionarios de la Junta para visualizar 600 vídeos colgados en las redes sociales donde lanza críticas y descalificaciones hacia su gestión. El Supremo admitió a trámite la querella y fue designado para instruir las diligencias el juez Manuel Marchena, presidente del tribunal que juzga el proceso independentista catalán.

Durante el proceso, Susana Díaz dejó de ser presidenta de la Junta de Andalucía convirtiéndose únicamente en parlamentaria andaluza. Como consecuencia, Marchena remitió la querella al TSJA , el tribunal que tiene la competencia de investigar a los diputados autonómicos. El TSJA, a diferencia del Supremo, inadmitió la querella al considerar que no era delictivo el uso del gabinete jurídico del Gobierno andaluz para personarse en el proceso contra Spiriman por injurias hacia ella.

Sin embargo, el juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla investiga a la anterior gerente del SAS, Francisca Antón , por un supuesto delito de prevaricación, a raíz de una denuncia del médico granadino por el uso de recursos públicos para visualizar 600 vídeos protagonizados por él.