El Tribunal Europeo admite el abuso con los interinos, 30.000 en Andalucía, pero no obliga a hacerlos indefinidos

La solución queda, pues, a merced de los procesos que lleve a cabo cada administración. Un grupo de funcionarios interinos presentó el pasado mes de septiembre en el Parlamento de Andalucía una Iniciativa Legislativa Popular, acompañada de 44.165 firmas, para que se debatiese la aprobación de una Ley una Oferta Pública de Empleo por concurso de méritos. Instaban a la Junta de Andalucía a estabilizar a 29.511 empleados públicos que según ellos se encuentran en fraude de Ley mediante un concurso de méritos a convocar en 2019. La Junta de Andalucía, en cambio, cifra en 3.594 los interinos «estabilizables».

¿Qué dice la Justicia europea? La sentencia, que se ha conocido hoy, responde a cuestiones prejudiciales sobre la concatenación de contratos temporales en la sanidad madrileña, pero es extrapolable a otras administraciones. En concreto, el TJUE resuelve que el hecho de que un empleado público con contrato de duración determinada haya consentido la renovación sucesiva del mismo con la Administración no significa que su situación laboral ya no pueda ser considerada como abusiva.

Considera que «el hecho de que el empleado público de que se trate haya consentido el establecimiento o la renovación de dichas relaciones no priva de carácter abusivo » y «no lleva a que el Acuerdo Marco (sobre el Trabajo de Duración Determinada) no sea aplicable a la situación de ese empleado público».

La sentencia explica que el Acuerdo Marco «no impone a los Estados miembros una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido» a los interinos, pero añade que los Estados miembros deben contar con «otra medida efectiva para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada».

Sobre la estabilización extraordinaria de interinos —ya sea vía ILP o sentencia europea—, Ana Vielba, secretaria general de Administración Pública —organismo responsable en Andalucía de la ordenación de los empleados públicos de la Junta—, aseguró en ABC que estaba estudiando el caso «plaza a plaza y persona a persona». En la Junta de Andalucía, apunta, son conscientes de que Europa les va a dar un «tirón de orejas» a la comunidad por el encadenamiento de contrataos temporales. La responsable autonómica rechazó la «barra libre»: «No podemos meter a todo el mundo en concursos de méritos, pero tampoco dejar abandonada a la gente por un fallo que, al final, es de la administración , no de los trabajadores». La Junta ya ha sacado plazas a oposición para estabilizarlas y hay previstos más procesos en los próximos dos años.

De las casi 30.000 plazas en fraude de ley, 902 corresponden a la Administración General; 388 a Justicia; 9.603 son funcionarios interinos de Educación y 18.618 son eventuales estatutarios de Sanidad, detalla la plataforma de afectados.