Tres cajas fuertes ocultas en IDEA guardaban sobres lacrados de los ERE

Y, según sus palabras, esas cajas fuertes contienen documentación que ha sido requerida varias veces por la Justicia pero que nunca han llegado al juzgado hasta ahora alegando que no la encontraban o que no existía. Una vez abiertas, la documentación ha quedado bajo custodia de un funcionario público.

«Susana Díaz y José Antonio Griñán también han ocultado esa información», dijo ayer Bendodo quien anunció que están analizando la documentación encontrada y que la primera parte de la misma, la referente a la empresa jienense Cárnicas Molina, ya se ha entregado en el Juzgado número 6 de Sevilla . «Los gobiernos socialistas tenían escondidos bajo llave la documentación requerida por los juzgados para que nadie se enterara».

El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla abrió hace justo una semana una nueva causa por prevaricación y malversación contra diez ex altos cargos del Gobierno del PSOE —entre ellos Chaves, Zarrías, los ex consejeros Antonio Fernández, José Antonio Viera, Guillermo Gutiérrez y Francisco Vallejo y el ex director general de Trabajo Javier Guerrero— y cinco directivos de la empresa beneficiada precisamente por un préstamo irregular a Cárnicas Molina.

La documentación encontrada en las cajas fuertes que había en el sótano de la Agencia Idea detallan todo el proceso que se siguió para entregar dinero público para salvar la empresa jiennense Cárnicas Molina en el año 1998 y muestran cómo la Junta sabía que el procedimiento no era legal así como su renuncia a reclamar las ayudas concedidas en todo este proceso.

En primer lugar, llama la atención el hecho de que el mismo día se firmase un convenio privado entre Gaspar Zarrías, consejero de la Presidencia entonces y que consta como representante de la Junta de Andalucía, y el vicepresidente de Campofrío; y un contrato de compraventa entre este mismo directivo de Campofrío y el entonces directivo de IDEA(que por aquellos años se denominaba IFA). Ambos llevan la fecha del 30 de diciembre de 1998.

Es decir, el mismo día la Junta entregó 417 millones de pesetas a Campofrío y se comprometía a entregar otros 314 millones más los dos años siguientes (1.072 millones de pesetas en total), y esa empresa se comprometía a comprar la firma Cárnicas Molina por 1.100 millones de pesetas pagando, curiosamente en los mismos intervalos de tiempo en los que iba a recibir las ayudas. Una compraventa que incluía el compromiso de contratar a los 300 trabajadores que tenía en su plantilla y que eran los que estaban manifestándose y presionando al entonces todopoderoso Gaspar Zarrías en su provincia de Jaén.

En estos documentos hay también detalles significativos. En primer lugar, el convenio que firma Gaspar Zarrías como consejero de la Presidencia de la Junta con Campofrío para las ayudas es privado entre ambas partes. No consta ni membrete, ni sello ni ningún acta oficial. Simplemente la firma de ambos y que se hizo por duplicado. Es de suponer que el otro lo tendrá la empresa Campofrío. En dicho convenio se expone que el acuerdo tendrá que ser ratificado por el Consejo de Gobierno para que llegue el dinero, una cláusula que según entiende el consejero de la Presidencia actual, «muestra que lo sabían todos los miembros del Consejo de Gobierno» . Esto incluiría a Carmen Calvo, entonces consejera de Cultura del Gobierno de Manuel Chaves.

El 16 de enero de 1999, es decir, diecisiete días después de esta firma, Manuel Chaves y Gaspar Zarrías acudieron a Jaén a reunirse con los trabajadores de la antigua Cárnicas Molina para darles la buena noticia de la viabilidad futura de su empresa que estaba en concurso de acreedores, en una imagen que fue recogida en su edición de entonces por ABC y que se ha recuperado recientemente. Fue vendida la operación como un gran éxito político del Gobierno de Chaves.

En los documentos que han aparecido en las cajas fuertes del sótano de IDEAqueda expuesto por escrito que la Junta es plenamente consciente de que ha concedido una ayuda directa de 8.000 millones de pesetas a Cárnicas Molina que «fue denunciada ante la Comisión Europea por Asocarne (una asociación de industrias cárnicas) que, en su escrito de denuncia alegaba que las ayudas concedidas eran ilegales por haberse concedido sin la preceptiva autorización y de otro lado por su incompatibilidad con la normativa comunitaria. Como consecuencia de tal denuncia existe una decisión de la Comisión Europea declarando dichas ayudas ilegales e incompatibles, con la obligación de devolver el importe recibido, más los intereses correspondientes».

A pesar de esta ilegalidad, la Junta expone claramente que «no dirigirá acción alguna de reclamación a la Sociedad (Campofrío) en orden a la recuperación de las citadas ayudas», una cláusula que consta en el convenio firmado por Gaspar Zarrías y que fue el que pasó por el Consejo de Gobierno. Así pues, fue una decisión política no reclamar unas ayudas de 8.000 millones de pesetas aún a sabiendas de que era ilegal.

Llama particularmente la atención el que ambas partes acuerdan guardar la confidencialidad del contrato de compraventa «y sobre los datos que se obtengan como consecuencia del desarrollo y cumplimiento del mismo», sobre todo cuando se trataba de una empresa señera de Jaén.

En la documentación encontrada en las cajas fuertes consta también otro documento relativo a este mismo caso por el que se está investigando judicialmente a Chaves y Zarrías desde hace una semana. Se trata de un informe individual de préstamos de la Agencia IDEA en el que consta que se concedió un préstamo-puente a la empresa Primayor (la que compró a Campofrío la empresa Cárnicas Molina) para pagar una subvención que debía. Así consta textualmente en el expediente que ayer se hizo público y se ha enviado al juzgado: préstamo-puente, cobro subvención.

En este expediente consta que la empresa solicitó un préstamo por 5,8 millones de euros el día 9 de noviembre de 1999 y que ese mismo día se le concedió la ayuda, la cual fue aprobada por el Consejo de Gobierno para una reconversión de la empresa.

El préstamo se formalizó el día 22 de diciembre de 1999 con un plazo principal de seis años. En 2012, según consta en la contabilidad de IDEA que ha aparecido en las cajas fuertes del sótano, quedaba pendiente el pago de 3,7 millones de euros, una cantidad que se actualizó el 23 de octubre de 2014 y que seguía siendo la misma.

El expediente de Cárnicas Molina, que se vendió a Campofrío y luego a Primayor en una compleja operación, es sólo uno de los que constan en las cajas fuertes que permanecían ocultas en la Agencia IDEA que, según detalló ayer Elías Bendodo , estaban repletas de documentación. Poco a poco se irán desvelando estos documentos por el Gobierno andaluz, quien tiene ahora las llaves de las cajas. «Arrojarán mucha luz», dijo ayer Bendodo.