Tirón de orejas del Consejo de Transparencia a la Junta por ocultar las plazas escolares públicas y concertadas

El solicitante acudió al Consejo después de que Educación desoyera su petición de información. La Consejería sólo le proporcionó a este ciudadano una información parcial sobre el cómputo de plazas por curso académico y por nivel educativo (infantil, primaria, secundaria o bachillerato). No especificaba el desglose por zonas y localidades ni por tipo de centro, público o privado concertado.

El órgano de control enmienda la plana a la Junta de Andalucía y le obliga a suministrar la documentación solicitada. Asegura que los datos desagregados por tipo de centro (público o privado concertado), en conjunto con el resto de datos solicitados, se incardina claramente en el concepto de información pública, conforme a la Ley de Transparencia Pública de Andalucía .

« No habiendo sido alegada por el órgano reclamado ninguna limitación impeditiva del acceso, este Consejo no puede por menos que, de acuerdo con la regla general de acceso a la información citada, estimar la solicitud e instar a la Dirección General a que facilite los mismos, junto al resto de la información solicitada por la reclamante», expone en su resolución consultada por ABC

En la nota de prensa del órgano, adveirte que la Administración autonómica, como sujeto obligado a cumplir la Ley de Transparencia, ha de atender los requerimientos del Consejo y, por tanto, de su personal funcionario, dotado del carácter de agente de la autoridad, según se recoge en los propios estatutos del órgano de control.

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.