Susana Díaz se va a Bruselas

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, trataba ayer de salir al paso de esta cuestión afirmando que la falta de convergencia de Andalucía se debe a una deficiente financiación de la comunidad, lo que lastra su crecimiento, «Andalucía no puede converger con España y con Europa si sigue castigada financieramente». Por ese motivo, ha anunciado que visitará Bruselas a finales de este mes para entrevistarse con varios comisarios de la UE, entre ellos el de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici , con el objetivo de mejorar la financiación que recibe Andalucía. Una visita que se adelanta en el tiempo a la que va a realizar al comisaria europea de Desarrollo Regional, Corina Cretu, quien visitará Andalucía a principios de año, para verificar en qué se gastan los fondos europeos.

Susana Díaz quiere pedir a Bruselas el respeto a lo que se denomina «principio de adicionalidad », que establece que la inversión que le corresponde al Estado en la comunidad autónoma no se debe sustituir con fondos comunitarios, una práctica que el Gobierno andaluz denuncia que es habitual y que supone un déficit para Andalucía.

La presidenta andaluza defiende que su Gobierno ha hecho los deberes, aprobando los presupuestos de 2018 —que están ya en fase parlamentaria pero no aprobados definitivamente— y garantizando la estabilidad política.

Pero tiene sus propias cuentas de la deuda que acumula Andalucía. Con el actual sistema de financiación autonómica de España, la comunidad pierde cada año 850 millones de euros que se podrían destinar a sufragar los servicios públicos cuyo coste es suplido por partidas propias de Andalucía. «La deuda acumulada es de 5.225 millones de euros, una cantidad que podría ir a incentivos económicos o a inversión tecnológica», dijo ayer la presidenta Susana Díaz.

En este contexto, Díaz ha advertido de la importancia de negociar un nuevo sistema de financiación justo para todas las comunidades autónomas. «Hay amenazas como la crisis catalana que va a afectar sí o sí no sólo a la economía catalana sino a la de toda España o el pacto político para los Presupuestos Generales del Estado que podría derivar en una subasta entre territorios».