Supuestos abusos en los campos de Huelva: «Están mintiendo porque les han prometido papeles para quedarse en España»

Cuando ABC accede a la finca, ubicada en la carretera de Arrayán, una inspectora de Trabajo está terminando la última de las entrevistas —en solitario, sin nadie más que intervenga en la conversación— con una de las trabajadoras en una visita sorpresa a la empresa. Es la misma mujer que, junto a otra compañera, puso el pasado miércoles 6 de junio en manos de la Guardia Civil una denuncia contra las cuatro supuestas víctimas «por ser totalmente falso que hayan maltratado, acosado o abusado sexualmente de ninguna trabajadora».

La denuncia , a la que ha tenido acceso ABC, lleva la firma y los datos de identificación de un total de 131 trabajadoras de la misma empresa. «Queremos denunciar porque todo ello nos está suponiendo un problema con nuestros familiares, que pueden negarnos para los años próximos volver a trabajar en este empresa o en cualquier otra».

En el mismo texto aclaran que las mujeres que han denunciado a los jefes «han sido obligadas a hacerlo a cambio de que les arreglen los papeles para quedarse en España de forma definitiva y no tener que volver a Marruecos ».

Allí, a las puertas de las viviendas que ocupan en la temporada de recolección de la fresa, próximas a las oficinas de la empresa, confirman de viva voz las afirmaciones que dejaron por escrito ante la Guardia Civil días después de que las cuatro compañeras que se fueron de la empresa denunciaran haber sido víctimas de insinuaciones sexuales (tres de los casos) y abuso sexual (en el cuarto caso). El empresario denunciado prestó declaración de forma voluntaria también ante la Guardia Civil , en calidad de investigado, y hasta el momento no ha sido llamado a comparecer en sede judicial en La Palma del Condado, donde han sido derivadas las denuncias.

«Nunca he visto nada de lo que están diciendo», afirma Hafida, una veterana en los campos freseros que lleva ya diez campañas trasladándose a Huelva para trabajar porque tiene que alimentar ocho bocas, las de los hijos que la esperan en Marruecos. «Nunca hemos tenido problemas, aquí venimos a trabajar y ganar dinero». «Estas chicas nuevas están trayendo problemas porque vienen con otra idea», comenta otra de las mujeres.

Estas empleadas dijeron a la Guardia Civil que algunas de las trabajadoras recibieron la misma oferta (obtener la documentación) «de unos hombres», además de cobrar tres meses del visado, y desmintieron que se encuentren en malas condiciones. «Estamos contentas con el módulo, el suelo y el trabajo», afirmaron.

«Escríbelo claro, que no tenemos problemas —pide una de ellas— porque en mi casa están preocupados y no me van a dejar venir el año que viene», se lamenta una chica.

Tanto las víctimas de los supuestos abusos como las 131 temporeras que las han denunciado forman parte del contingente de más de 10.000 trabajadoras contratadas en origen en Marruecos por las organizaciones agrarias (Freshuelva y Asaja) para esta campaña ante la falta de mano de obra nacional.

La empresa almonteña que está en el centro de la polémica a raíz de las denuncias ha contratado 400 de estas mujeres. Alrededor de medio centenar se marcharon nada más pisar el país y no trabajaron ni media peonada y alrededor de 150 se marcharon a comienzos de este mes, cuando la temporada se da por finalizada, en el mes de mayo.

En la última semana, se han sucedido denuncias contra la firma fresera también por falta de auxilio a una mujer enferma, otra por retener contra su voluntad a las trabajadoras, además de por enviar a su país de origen a otro número para que no denuncien los abusos, caso que los empresarios niegan.

Estas últimas denuncias fueron anunciadas a comienzos de semana por el diputado nacional de Podemos Diego Cañamero , que dijo que «por miedo» se sacó a las mujeres fuera de la finca y se las trasladó a otro pueblo mientras las investigaciones siguen su curso

El pasado mayo, la Fiscalía de Huelva abrió diligencias de investigación por supuestos abusos sexuales y laborales a temporeras inmigrantes en una explotación agrícola de Moguer, donde fue detenido el encargado de una finca.