CONSEJERÍA DE EMPLEO
Apagón informativo del Gobierno andaluz sobre el dinero recuperado de los ERE
La Junta elude contestar al PP hasta en cuatro ocasiones sobre los fondos recuperados de las ayudas irregulares
A. R VEGA / J. L.
Cada mes, puntual como un reloj, la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero pregunta al consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, cuáles son las cantidades recuperadas por la Administración por la reclamación de ayudas sociolaborales concedidas a trabajadores afectados por ERE y a empresas ... en crisis, con cargo a la partida presupuestaria 31L, también conocida como «fondo de reptiles». La obstinación de la parlamentaria jamás es correspondida por el responsable autonómico, que tiene por costumbre no responderle . Hasta en cuatro ocasiones, ante la misma pregunta formulada en septiembre, octubre, noviembre y diciembre pasados, el Gobierno andaluz se ha ido por las ramas y, en lugar de las cuantías recuperadas, se limita a repetir las cantidades reclamadas, que ascienden a 84,57 millones de euros, así como el importe de las ayudas impugnadas, que son 44,65 millones. ABC formuló ayer la misma pregunta a la Consejería de Empleo, pero tampoco despejó la incógnita.
El dinero recuperado es uno de los secretos mejor guardados del Ejecutivo andaluz, que ha convertido su promesa de recuperar «hasta el último euro» defraudado en su lema político. El problema es que lograrlo no depende de su voluntad, sino de los jueces que deben dirimir sobre los recursos contencioso-administrativos presentados contra sus resoluciones de reintegro por beneficiarios de ayudas, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia reconoce la «total ausencia de procedimiento de otorgamiento de ayuda». La Junta no ha recuperado tampoco las ayudas que dio hace 12 años a 13 ayuntamientos gobernados por e l PSOE con cargo a esta partida.
La cuantía de las impugnaciones judiciales de las ayudas reclamadas por la Junta se aproxima a los 45 millones de euros. La cifra representa más de la mitad del dinero reclamado por la administración autonómica a trabajadores, ayuntamientos y empresas, que se eleva a 84.574.605,96 euros. No llega ni al 10% de los 855 millones de euros que, según la juez Mercedes Alaya, se repartieron a discreción, con un procedimiento ilegal, entre 2001 y 2010.
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