Las siete renuncias de Vox a cambio de hacer presidente de la Junta de Andalucía a Juanma Moreno

En el acuerdo de 37 puntos alcanzado este miércoles entre ambas formaciones, desaparecen las referencias a la apertura de un «proceso nacional» para devolver al Estado las competencias de Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público , cuya generalización en el conjunto del Estado fue pactada por el Gobierno de José María Aznar con el PSOE. También decae su propuesta de reforma estatutaria para suprimir el término «realidad nacional» que figura en el Estatuto que PSOE y PP pactaron cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero.

En el acuerdo suscrito con el PP, no aparece la derogación de las leyes andaluzas de prevención y protección integral contra la violencia de género , de promoción de la igualdad de género en Andalucía, y de los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI. En cambio sí se mantiene su propuesta de sustituir la ley de Memoria Histórica por una «Ley de Concordia».

En su primera propuesta, Vox propuso la «colaboración con la Policía para identificar a ilegales que puedan ser expulsados» y asegura que «la Junta de Andalucía encubre la inmigración irregular , pues posee la documentación para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía». También abogaba por «suprimir las ayudas a inmigrantes ilegales».

El documento pactado con el PP elimina el trazo grueso y lo sustituye por porpuestas más genéricas tales como «cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un “efecto llamada” y combatir a las mafias que trafican con personas». Ya no hay referencia numérica a los 52.000 inmigrantes . Tampoco se pide retirar ayudas a este colectivo.

El pacto recoge una propuesta genérica para «apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal , respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral».

Cambiar el Día de Andalucía no era una de las propuestas más trascendentes pero sí de las más estrambóticas. Vox propuso hace 24 horas acabar con la festividad autonómica del 28 de febrero, establecida por e l referéndum que permitió a Andalucía acceder al estatus de comunidad histórica , para sustituirlo por el 2 de enero, aniversario de la toma de Granada que puso fin a la Reconquista. Ninguna referencia hay en el acuerdo firmado a este cambio de la emblemática efemérides.

Vox abogaba en su primer documento po r meter la tijera a los canales de la Radiotelevisión andaluza . Incluso le puso cifras. Propuso rebajar su presupuesto a la mitad y eliminar «tres de sus cuatro canales» y el Consejo Audiovisual de Andalucía, así como liberalizar la el régimen de concesión de licencias de radio y televisión.

Estos deseos se sustituyen ahora por realizar una auditoría sobre las concesiones de licencias de radio y televisión otorgadas para que se concedan con criterios técnicos y no ideológicos. Respecto al gasto, no lo especifica más allá de la voluntad de reducirlo, «mejorar la eficiencia y racionalizar los recursos de la Radio Televisión Andaluza y garantizar el servicio público y la neutralidad ideológica e informativa ».

Una de las 19 propuestas más innovadoras de Vox consistía en implantar lo que denominó un «PIN parental» con el propósito de que «los padres puedan excluir a sus hijos de enseñanzas, charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones». Todo ello en pro de «garantizar el derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban la formación moral de acuerdo a sus propias convicciones».

Ahora esta propuesta se modula. Se redacta así: «garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos, evitando cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos y permitiendo que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones». Se mantiene, eso sí, la referencia a la coexistencia entre la educación pública, privada, concertada y diferenciada.

En el acuerdo se desvanece la propuesta de reducción drástica de lo que en Vox llaman «gasto político» con un recorte del 75 por ciento de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronales, y asociaciones y ONGs «ideológicas». En su lugar se sustituye por una acuerdo genérico para «eliminar toda convocatoria de subvenciones a personas físicas o jurídicas que no cumpla evidentes fines de utilidad pública y social».