El Servicio Andaluz de Empleo gasta más de 30 millones en 1.071 sueldos de trabajadores sin funciones

Ocho años después de aprobarse la ley de reordenación del sector público andaluz que permitió su incorporación a la agencia que gestiona las oficinas del paro en la comunidad en medio de las protestas de buena parte de los funcionarios, este millar de empleados públicos continúan sin tener asignado y regulado su trabajo . Su contratación, sin mediar una convocatoria pública, está siendo investigada judicialmente. Los sueldos de este personal procedente de la disuelta Faffe cuesta n 30,37 millones de euros al año , según la cuantía total del capítulo de Personal recogida en los presupuestos del Servicio Andaluz de Empleo.

Todos estos datos aparecen en una resolución del pasado día 3 que firma el director gerente del SAE, Miguel Ángel Terrero Prada , en la que responde a una solicitud de información que realiza este redactor a través del Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía . Al ser preguntado por las tareas que desempeña el personal subrogado de la Faffe, el alto cargo de Empleo revela que «está en fase de elaboración y desarrollo» el catálogo que debe contener la «descripción funcional» de sus puestos de trabajo y que «definirá los perfiles profesionales precisos para poder llevar a cabo las funciones asignadas a esta organización».

Una vez que realice este análisis, será cuando «se podrán identificar las tareas a desempeñar por las personas que ocupen los diferentes puestos de trabajo del personal laboral propio», como se le denomina, según el citado informe. Es decir, no existe un documento que aclare qué trabajo realizan estos 1.071 empleados de la agencia adscrita a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. El SAE contesta a siete de las nueve preguntas sobre este colectivo formuladas a través del Portal de la Transparencia.

En su resolución, aporta otro dato desconocido sobre este personal. Casi la mitad (494) tiene contratos temporales , otros 530 son indefinidos y los 47 restantes, indefinidos no fijos. En la Faffe acabaron trabajando al menos 200 cargos con vínculos con partidos, principalmente el PSOE, y sindicatos, además de excargos públicos y sus parientes, algunos «con tareas improductivas», según detalló la Guardia Civil en un atestado entregado a la juez instructora de esta rama del caso Formación, María Núñez Bolaños , que ahora está de baja.

El exdirector de la Faffe, Fernando Villén, está investigado por gastar 31.969 euros en cinco prostíbulos con tarjetas oficiales. Fue él quien enchufó en la fundación al exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García con la singularidad de que no acudía a su puesto de trabajo, por el que llegó a cobrar 535.000 euros. Francisco Aguilera Acevedo , ex alcalde socialista de Montellano, también pasó de la Faffe al SAE. Según declararon compañeros suyos a la Guardia Civil, la mayor parte del horario de trabajo lo ocupaba durmiendo y leyendo la prensa. Ambos exregidores están siendo investigados.

La juez ha pedido al Servicio Andaluz de Empleo los expedientes de todo el personal de la Faffe, tras estimar parte de un recurso de la letrada que ejerce la acusación popular por el PP andaluz . Cádiz, la provincia de la que procede Villén, es la que más empleados de la fundación aporta: 164.

De manera extraoficial, el SAE está derivando a estos empleados tareas reservadas a los funcionarios como son la tramitación de ayudas públicas, según han denunciado tanto el Sindicato Andaluz de Funcionarios como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios.

Desde la Consejería que dirige Rocío Blanco (Ciudadanos) son conscientes de esta situación pero esgrimen que retirar las tareas administrativas a este personal causaría «un perjuicio mayor» y paralizaría el funcionamiento de la agencia . A sus antecesores en el cargo les ha causado un gran dolor de cabeza buscar encaje a los 1.667 laborales de la Faffe que llegaron a entrar en el SAE de la mano de la conocida como «ley del enchufismo». Junto a ellos, otros 20.000 empleados del entramado de empresas públicas accedieron a la Administración autonómica al amparo de la ley de 2011.

En abril de 2016, el portavoz del Gobierno de Susana Díaz, Miguel Ángel Vázquez , expresó de forma muy gráfica la disyuntiva a la que se enfrentaba el Ejecutivo socialista con estos trabajadores sin tareas: «No podemos permitir que haya personal mano sobre mano ». Para resolverlo, optó por asignarles trabajos que legalmente no podían hacer. El problema ha sobrevivido al propio gobierno que lo creó.

Frente a una medida drástica como son los despidos, que desencadenaría una larga pugna judicial de desenlace incierto, el nuevo Ejecutivo del PP y Ciudadanos prefiere mantener a los trabajadores de la extinta Faffe , pero busca fórmulas legales para ponerlos a trabajar. Sus planes pasan por «la optimización del personal laboral», es decir, por facilitar que estos «subrogados» —como ellos se denominan— asuman tareas administrativas que ahora tienen vedadas.

El bipartito ha convencido incluso a los diputados de Vox, muy beligerantes con el mantenimiento de la llamada «administración paralela» de la Junta. Su intención quedó plasmada en el punto 18 del acuerdo firmado entre PP, Ciudadanos y Vox que permitió desbloquear los primeros presupuestos del mandato de Juanma Moreno. Los sindicatos de funcionarios no se lo van a poner fácil y amenazan con recursos.

ABC preguntó cómo iba a resolver el Servicio Andaluz de Empleo las limitaciones que impiden a dicho personal desempeñar potestades administrativas que están reservadas en exclusiva a los funcionarios y también si hay previsto algún procedimiento para hacerlos fijos , como los ex Faffe demandan. El director del SAE declinó contestar a sendas preguntas «por no ser competente en la regulación de los procesos de acceso del personal al servicio de la Administración de la Junta y sus entes instrumentales».

Para conocer las intenciones del Ejecutivo hay que remitirse a las explicaciones dadas por el consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP), el 13 de junio, cuando se firmó el acuerdo tripartito. Abogó por «hacer una norma» para «poder mover a esos empleados y llevarlos a áreas donde son necesarios».

« Lo que significa poner a 2.000 empleados a trabajar con todas las competencias», ya sea convocando «procedimientos de consolidación» de su empleo u oposiciones «en las que se reconozca la antigüedad», avanzó. Aparte de los subrogados de la Faffe, incluía a los 792 agentes locales de las liquidadas 82 Unidades Territoriales de Empleo que la Junta despidió y tuvo que readmitir por sentencia judicial.

«Estos señores están trabajando para la Junta y no pueden llevar más tiempo con competencias indeterminadas », explicó el consejero. Para Bravo, la Intervención de la Junta señaló el camino cuando planteó, a través de sus recientes auditorías, que la situación de los entes instrumentales «no puede seguir así».