La sentencia del caso ERE sobre los expresidentes Chaves y Griñán se conocerá en cuestión de días

Mañana vence la última prórroga de 15 días que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) concedió al presidente de la sala, el magistrado Juan Antonio Calle Peña . Acaba el plazo de dedicación exclusiva del juez encargado de redactar la sentencia de la pieza política de esta macrocausa de corrupción que sentó en el banquillo a 21 ex altos cargos autonómicos. Seis de ellos son exconsejeros socialistas como Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo o Antonio Fernández , de los que resulta difícil encontrar una fotografía de la historia reciente de Autonomía donde no aparezcan.

El vencimiento del plazo no implica que la sentencia tenga que estar notificada a las partes este miércoles. Pero sí pone en marcha el cronómetro hasta que se haga pública.

El juez ponente, que está liberado de otras tareas desde principios de este año para dedicarse de lleno al estudio y redacción del fallo, no ha pedido por ahora otra ampliación . Está casi descartado que lo haga. A partir del jueves, por tanto, Calle Peña tendrá que asumir otros asuntos y tareas ordinarias como magistrado de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.

El calendario empieza a apretar. El juez Álvaro Martín terminó el 30 de mayo de 2016 la instrucción de esta pieza desgajada de la causa troncal de los ERE, la primera del caso abierto en enero de 2011 que ha ido a juicio. Tras la instrucción, la vista oral se prolongó durante un año y cuatro días y consumió hasta 152 sesiones.

El próximo domingo 17 de noviembre se cumplirán once meses desde que el proceso quedó visto para sentencia. Pasada la jornada de las generales del 10-N , se ha disipado el riesgo de que la resolución provoque interferencias en el proceso electoral, si se atiende a una regla no escrita para evitar molestas coincidencias entre el almanaque judicial y el político.

En el caso de la sentencia al referendum ilegal de Cataluña , que se filtró en plena precampaña electoral, esta norma tácita no se ha cumplido. Una de las principales críticas que hicieron los anteriores gobiernos socialistas a la anterior instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, fue precisamente que sus autos más explosivos coincidían con momentos claves de la agenda política andaluza. El exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero ingresó en la prisión el día que comenzaba la campaña de las autonómicas de 2012. La exministra y exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez fue imputada el día que José Antonio Griñán convocó las primarias que encumbraron a Susana Díaz como su sucesora sin necesidad de votación.

La decisión del tribunal que preside Calle Peña no va a ser fácil. De su complejidad dan cuenta las más de 1.700 paginas –la reciente sentencia de los dirigentes independentistas de Cataluña ocupó 493– que van a necesitar los tres magistrados para dilucidar cuestiones muy técnicas y farragosas y exponer los hechos que se atribuyen a cada uno de los acusados por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Más allá de la munición jurídica, el caso ERE tiene una carga simbólica innegable. Es también el proceso sobre una época y contra el inmenso poder que acumuló el PSOE en la única Autonomía española que hasta hace once meses no había conocido la alternancia política y donde los socialistas siguen imbatibles en cada cita electoral.

El tribunal es consciente de que la resolución va a ser mirada con lupa y cada fundamento, hecho probado o conclusión que se recoja en ella estará medida al milímetro. Como apuntó el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, en una entrevista en Canal Sur, la primera sentencia del caso ERE es « muy compleja de redactar con muchos puntos problemáticos , que afecta a muchas personas» y precisa «lecturas y relecturas para evitar contradicciones y errores». Antes de notificar la sentencia a las partes, tanto Calle Peña como las otras magistradas que juzgaron a los expresidentes, Encarnación Gómez y Pilar Llorente, tienen que revisar sus más de 1.700 folios.

Las declaraciones exculpatorias de los exresponsables políticos no convencieron a la Fiscalía Anticorrupción , que mantuvo la petición para Griñán de seis años de prisión por malversación y 30 de inhabilitación por prevaricación, y para Chaves de 10 años de inhabilitación por prevaricación.

La antigua cúpula del Gobierno andaluz se enfrenta a penas que van de los 10 a los 30 años de inhabilitación y de entre seis y ocho años de cárcel. En su informe final leído en el juicio, Anticorrupción sostiene que desde el Palacio de San Telmo se permitió la concesión arbitraria e «injusta» de ayudas por parte de los responsables de la Consejería de Empleo para beneficiar a unos empresarios en detrimento de otros. «Fue una decisión política. Las ansias de agilidad y rapidez trastocaron todo el sistema legalmente establecido para conceder subvenciones excepcionales antes del año 2000», subrayaron los fiscales, que también pusieron números al supuesto fraude. Cifraron en más de 680 millones de euros los fondos supuestamente desviados entre 2000 y 2009 que «nunca debieron salir de las arcas públicas».

En el otro lado de la bancada las cosas se ven de otra forma. Las defensas solicitaron la libre absolución de los 21 ex altos cargos acusados, incluido el propio Guerrero, que ya ha sido condenado en el caso Umax por crear «una estructura administrativa paralela» en la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo por la que se contrató a trabajadores de la citada empresa, muchos de ellos «amigos y vecinos» suyos. Las defensas contraatacaron en el juicio asegurando que los fiscales y la acusación popular ejercida por el PP-A hicieron «acusaciones genéricas» e inconcretas, sobre «conductas delictivas sin individualizar».

Los acusados señalaron que la partida presupuestaria 31L con la que se pagaron las ayudas, bautizada por Guerrero como «fondo de reptiles» , era transparente porque aparecía en los presupuestos de la Junta que el Parlamento aprobaba cada año. Añadieron que las transferencias de financiación, el sistema empleado para agilizar los pagos, a costa de eliminar filtros de control sobre el reparto de las subvenciones, no es delictivo en sí mismo.

Cuestión distinta es la ejecución de dicho programa y el manejo que se hiciera de los fondos públicos, que acabaron costeando no sólo prejubilaciones, sino también másteres para excargos socialistas, gratificaciones de directivos , ferias de pueblos o «una granja de pollos que nunca llegó a realizarse», como pusieron de manifiesto los peritos de la Intervención del Estado en el juicio.

Los expresidentes defendieron que nada sabían sobre los usos que tuvieron las ayudas , tan alejados muchos de ellos del objetivo teórico del programa: garantizar la llamada «paz social» amenazada por el cierre de empresas a partir de los noventa. Será cuestión de días que se sepa si debieron conocer o no lo que estaba pasando y si ello merece un castigo penal.