El sector económico se alía con Juanma Moreno para eliminar burocracia

El nuevo decreto ley supone, según la definición del propio Juanma Moreno «el cambio más radical que se ha llevado a cabo en Andalucía para favorecer la actividad empresarial » y convierte a Andalucía en la comunidad autónoma con menor burocracia para impulsar la economía. Una revolución en la gestión administrativa actual de la Junta y que lleva años reclamando la Unión Europea. Lo que sucede es que ahora los fondos de la recuperación están vinculados a estos cambios en la farragosa tramitación administrativa que existía en Andalucía.

Las declaraciones de impacto ambiental se unifican y no será necesario hacer una para cada administración como sucedía hasta ahora. También se simplifica el régimen de apertura de establecimientos y el procedimiento para construir áreas logísticas. Se reduce la tramitación de proyectos fotovoltaicos y sus infraestructuras de evacuación. Además, se facilitará el despliegue de una infraestructura de recarga de vehículos en todo el territorio andaluz y se favorecerá la implantación de generación de energías renovables de autoconsumo en zonas urbanas.

Las entidades privadas podrán colaborar en la reforestación de terrenos incendiados y las actuaciones sometidas a evaluación de impacto ambiental estatal ya no tendrán que obtener Autorización Ambiental Unificada.

Los responsables del Ejecutivo regional llevan meses negociando con todos los sectores económicos la redacción de este decreto-ley que ha sido acogido con aplausos por el sector económico. El acto celebrado ayer fue la muestra de la sintonía que reina entre el Gobierno de Juanma Moreno y los responsables empresariales que entienden que se han atendido sus demandas. Y en el contexto preelectoral —por mucho que las elecciones sean en junio el ambiente de precampaña en un hecho en Andalucía— tiene un importante valor añadido el respaldo del sector económico al Gobierno andaluz. Una prueba de ello es que el vicepresidente Juan Marín fue el encargado de iniciar el acto que cerró el presidente. No es habitual —al menos hasta ahora— que ambos coincidan en actos fuera del Parlamento andaluz.

El presidente de los empresarios de la construcción, Fadeco, Francisco Martínez Cañavate , mostró su «respaldo absoluto» porque supone superar «la insufrible declaración medioambiental», «la tramitación imposible» y los «plazos infernales» que existía hasta ahora. «Simplifica la administración, aumenta la capacidad de inversión y sitúa a Andalucía en el confort administrativo que se merece». Unas palabras similares a las del presidente de la Asociación de Energías Renovables de Andalucía, Alfonso Vargas , quien hizo incluso una petición a Moreno «para su próxima legislatura: las renovables y el cambio climático necesitan más visibilidad y presencia en el Gobierno».

El decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía, Juan Carlos Durán, puso el acento en que las leyes andaluzas han supuesto «un freno al desarrollo industrial que llevamos años reclamando» y puso ejemplos gráficos de cómo ha afectado. «¿Cómo es posible que Castilla-León tenga el doble de potencia eléctrica en parques eólicos que Andalucía y sin tener ni un metro de costa? ¿Cómo es posible que la mayor fábrica de azúcar se vaya a instalar en Extremadura cuando Andalucía ha sido referente en el sector?». Desde el sector del comercio, Carmen Moreno destacaba la oportunidad de convertir Andalucía «en la mejor opción de este país para poner en marcha una empresa».

También se sumaba a este enlace Cesur, la asociación de empresarios del Sur de España, «respetando la seguridad jurídica, se van a agilizar las inversiones -generadoras de empleo- y la generación de mayor actividad empresarial», explicó Fernando Seco.

Claro que no todo son parabienes a esta norma. Los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, se posicionaron ayer en contra. La UGT envió un representante al acto celebrado en el Palacio de San Telmo que permaneció en un discreto segundo plano. Al poco de terminar, enviaron un comunicado rechazando el contenido que no se ha negociado con los sindicatos «y sí mucho con la patronal y los colegios profesionales y con las cámaras de comercio». «A falta de un análisis pormenorizado, tememos que incluya medidas que desregularicen los controles medioambientales para poner en marcha proyectos empresariales; que liberalicen, aún más, los horarios comerciales; o que supriman restricciones que evitan la competencia desleal».

Otra cosa son los apoyos políticos que necesita el Gobierno andaluz para que este decreto-ley entre en vigor. Fuentes parlamentarias confirmaron a ABC que todavía no han negociado el contenido de esta norma, que llegará a la Cámara en el último pleno del año de los días 22 y 23 de diciembre. No obstante, el acuerdo se prevé difícil aunque no imposible y podría salir adelante con los mismos apoyos que la ley del Suelo (Ley Lista), el apoyo de Vox y la abstención del PSOE. Es una complicada situación política ya que cuenta con un amplio aval de los sectores económicos, por lo que el PSOE deberá tomar una decisión no exenta de riesgos: o darle un aval al Gobierno o votar contra los intereses de los sectores económicos andaluces. Lo cierto es que al acto de ayer sólo acudieron los portavoces de PP y Ciudadanos, los grupos que apoyan al Gobierno, a pesar de que todos los demás estaban invitados. La secretaria general del PP andaluz, Loles López , afirmaba que espera «que la pinza antiandaluza de PSOE y Vox no bloquee este decreto y perjudique a la economía».