Salud pagó de más a sus directivos mientras recortaba personal para la asistencia sanitaria en Andalucía

Lo revela la Cámara de Cuentas de Andalucía en un informe de Fiscalización de determinadas áreas de los Recursos Humanos del Sector Público Sanitario, cuya publicación coincide con el cierre de camas hospitalarias y de centros de salud por la tarde , dos de las medidas más controvertidas del tradicional dispositivo que pone en marcha el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en verano.

La Cámara de Cuentas de Andalucía dibuja un escenario de descontrol en la gestión del personal en el SAS , las agencias públicas empresariales sanitarias Costa del Sol, Poniente de Almería, Alto Guadalquivir y Bajo Guadalquivir, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y la antigua Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales durante el ejercicio de 2013.

Tres años después, algunas irregularidades y reparos referidos al «exceso» de retribuciones de los ejecutivos sanitarios persisten. A fecha del 1 de abril de 2016, cuando la Cámara de Cuentas finalizó este trabajo de campo , no se habían iniciado procedimientos de reintegro por los importes satisfechos de forma indebida, aunque todavía estaban en plazo para hacerlo.

El tope en las retribuciones del personal con mayores responsabilidades viene fijado por la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía en vigor. La norma admite pocas interpretaciones: los altos cargos y directivos de la Consejería y del SAS no pueden ganar más que la presidenta andaluza , que en 2013 cobraba 63.808,20 euros brutos anuales.

Otro acuerdo del Consejo de Gobierno estableció que los máximos ejecutivos de las agencias públicas empresariales no pueden superar los emolumentos de un vicenconsejero (59.564 euros), señala el órgano fiscalizador en su informe de 111 páginas . Pero la actual Consejería de Salud no ha pedido la devolución del dinero cobrado de más.

En una alegación que realizó la Consejería ante el ente fiscalizador, esgrime que tal exceso retributivo no existe y « no correspondía en ningún caso iniciar ningún procedimiento de reintegro ». En un comunicado remitido ayer, defiende su «disparidad de criterios» con la Cámara de Cuentas. Argumenta que la Intervención General de la Junta entiende que hay que excluir del límite retributivo para los altos cargos conceptos como la antigüedad, el complemento de carrera profesional o complementos variables , «perfectamente legales y asociados a la trayectoria de los profesionales».

No lo ve así la Cámara de Cuentas, que también cuestiona el control ejercido por la Intervención Central del SAS y la Intervención General de la Junta. Asegura que por parte de la primera « no se ha efectuado control alguno sobre las retribuciones máximas aplicables al personal directivo del SAS». En lo que respecta a la Intervención General destaca que durante dos años, entre 2014 y 2016, «no se ha evacuado informe [definitivo] alguno», aunque debe tener carácter anual.

Mientras los directivos percibían pluses de productividad y retribuciones por encima de lo que establece la normativa, la asistencia sanitaria recortaba su personal. Entre 2011 y 2013, se perdieron 7.773 empleos en el SAS y otros 133 en las agencias empresariales, debido en gran parte a la ampliación de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales . La Consejería sostiene que algunas de las irregularidades detectadas en el ejercicio de 2013 ya se han superado, en especial la pérdida de 7.773 empleos acumulada entre el 2011 y el 2013. Salud añade que, «como no puede ser de otra manera, se están analizando y se tienen en consideración» las recomendaciones del informe.

La Cámara de Cuentas pide a Salud aumentar su control interno sobre la gestión de los recursos humanos. Revala que hay hasta 215 efectivos que trabajan en un centro pero cobran de otro , lo que puede esconder una supuesta«cesión ilegal» de trabajadores.Censura la cobertura de necesidades permanentes mediante contratos laborales temporales, lo que «podría poner de manifiesto un fraude de ley».