Los regantes denuncian que el impuesto de sucesiones «pone en peligro» la continuidad de las explotaciones

La asociación Feragua pide su supresión porque supone una «amenaza» para el mantenimiento de la actividad productiva

Un agricultor en un viñedo de regadío ROBERTO MILÁN

A. R. V.

26/07/2017
Actualizado a las 16:25h.

La Asociación de Regantes de Andalucía Feragua también ha mostrado su oposición al impuesto de sucesiones y se ha unido a la campaña de la Asociación Stop Impuesto de Sucesiones para que se suprima. En un comunicado señala que este tributo constituye ... una «amenaza» para el mantenimiento de las estructuras productivas, «perjudica» a las empresas y «lesiona» su competitividad. En suma, «pone en peligro la continuidad de las explotaciones de regadío».

Esta asociación critica «el profundo carácter discriminatorio» del impuesto que grava las herencias y considera que pone a los regantes andaluces «en situación de desigualdad» con el resto de regantes españoles en referencia a otras comunidades donde existen más reducciones y bonificaciones para los autónomos agricultores.

Se trata de «una desigualdad jurídica que acaba mermando las posibilidades desarrollo de la agricultura de riego andaluza en relación con la del resto de España y de Europa». Por consiguiente, « resulta muy perjudicial para una actividad económica fundamental en Andalucía», que supone el 60 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) agrario en Andalucía.

El sector genera « más de 200.000 empleos y un volumen de facturación anual superior a los 6.000 millonesde euros, con beneficios directos para el medio ambiente, el equilibrio demográfico y el sostenimiento del medio rural».

Feragua representa a más de 50.000 comuneros regantes , con una superficie de 300.000 hectáreas, y una media de seis hectáreas por comunero.

La mayor parte de los regantes representados por Feragua son pequeños y medianos comuneros para los que «el impuesto de sucesiones, además de un injusto agravio comparativo con regantes de otras comunidades, representa una amenaza real para la subsistencia o el mantenimiento del tamaño y competitividad de sus explotaciones».

El presidente de Feragua, José Manuel Cepeda, y el presidente de la Asociación Stop Impuesto de Sucesiones tienen previsto mantener un encuentro para formalizar su acuerdo y diseñar posibles acciones comunes.

Asignaturas pendientes en las herencias de las explotaciones agrícolas

A igualdad de parentesco, la diferencia en la factura del impuesto de sucesiones y donaciones puede ser importante en el campo andaluz. Si el padre cede en vida las tierras de labranza a sus descendientes mediante un contrato de arrendamiento —una práctica habitual cuando se acerca la edad de jubilación—, sólo el hijo que se dedica a la agricultura puede beneficiarse de la reducción del 99% en la liquidación. El pasado 2 de agosto, la Junta de Andalucía introdujo esta exención con la intención de facilitar el relevo generacional en las explotaciones agrícolas, pero la mejora se ha quedado a medias.

El problema radica en que excluye al hijo que ejerza una profesión distinta porque no puede acogerse a la citada rebaja, advierte Daniel Martín Moreno, asesor fiscal de la federación de Asociaciones Agrarias y Jóvenes Agricultores de Andalucía (Asaja) en Sevilla, que ha elaborado un estudio comparando el tratamiento fiscal en las comunidades.

Para evitar el citado agravio, el padre renuncia a arrendar las tierras y permanece como agricultor activo hasta su muerte. O, en cambio, la disyuntiva se resuelve vendiendo las tierras. En ambos casos, se produce el efecto contrario al que se persigue con la nueva regulación: el impuesto de sucesiones frena la renovación en el campo . Desde el punto de vista fiscal, a la familia le compensa esperar al fallecimiento del padre agricultor para realizar el traspaso de los bienes porque, de este modo, todos los hijos, al margen de su ocupación laboral, ven reducida la cuota en un 99%.

Para beneficiarse de la exención se requieren dos condiciones: que el finado haya ejercido la actividad agraria «de forma habitual, personal y directa» hasta el final de sus días y que sus descendientes mantengan este patrimonio familiar durante al menos los cinco años siguientes al deceso.

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