Los recortes de la Junta se notarán en la nómina de julio

En rueda de prensa al término de la reunión semana del Consejo de Gobierno, Martínez Aguayo ha puesto el acento en que este plan de ajuste, que la Junta quiere que se tramite en el Parlamento como proyecto de Ley, opta por "repartir trabajo y reducir salarios con criterios de progresividad" con el objetivo de "mantener el máximo empleo sin privatizar servicios públicos". El decreto del plan de ajuste será remitido al Parlamento para su tramitación como proyecto de Ley.

Según la titular de Hacienda, la Junta "acata por responsabilidad" las exigencias del Ejecutivo central aunque mantiene un "profundo desacuerdo" con los criterios relativos a la fijación del objetivo de déficit, si bien ha querido dejar claro que la Junta va a realizar un "importante esfuerzo" para cumplir los objetivos de estabilidad fijados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para el conjunto de las comunidades autónomas , aunque discrepa del reparto del déficit y de que se haga en función del PIB y no de la población.

Ha querido dejar claro que la Junta ha buscado el máximo consenso con los representantes de los trabajadores, algo que no ha sido posible obtener para la aplicación de las medidas. Ha agradecido la actitud de los sindicatos en el proceso negociador y que hayan puesto propuestas sobre la mesa . Ha insistido en que las medidas que el Gobierno central ha "impuesto" en relación con la ampliación de la jornada laboral de los empleados públicos hubiera supuesto el despido de 24.000 trabajadores a jornada completa.

Sin embargo, en Andalucía el ajuste se va a llevar a cabo, según ha recalcado, manteniendo el máximo empleo público y sin cerrar servicios públicos ni privatizar. Preguntada sobre si los consejeros de IU en el Gobierno han expresado alguna discrepancia con este plan de ajuste, ha querido dejar claro que Andalucía cuenta con un Ejecutivo unido, donde desde el minuto uno se han tomado decisiones de manera dialogada .

En relación con el plan inicialmente diseñado, la norma introduce novedades en el ámbito del personal, con el compromiso de mantener el máximo empleo público posible y la garantía de que ningún empleado público percibirá una retribución inferior a los 1.000 euros por jornada completa como consecuencia de la aplicación del Decreto-ley. Asimismo, se reconoce expresamente que las medidas en materia de personal tienen carácter excepcional y temporal, esto es, estarán vigentes únicamente durante los ejercicios 2012 y 2013 , siempre que los ingresos de la comunidad recobren vías de normalidad y que la reducción del déficit público estructural y la minoración de la deuda posibiliten la garantía de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

Respecto a las retribuciones, se fija en un 7,5 por ciento, en lugar del 5 por ciento inicialmente previsto, la reducción de los sueldos de los altos cargos de la Junta (Presidente y consejeros y asimilados). También se modifica la reducción de jornada y bajada proporcional de retribuciones del personal temporal al servicio del sector público andaluz, que será del 10 por ciento frente al 15 por ciento anunciado anteriormente. Para el personal funcionario de carrera e interino y el personal eventual se reducen hasta el 1 por ciento los complementos específicos de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre.

La cantidad que se abone por este concepto se descontará, prorrateándose, del complemento específico de las retribuciones mensuales. De igual modo disminuyen en un 10 por ciento las percepciones vinculadas a las retribuciones de carácter variable ( productividad, incentivos al rendimiento y consecución de objetivos). En el caso del personal laboral, se reducen las retribuciones en una cuantía equivalente a la suma de las pagas adicionales del complemento de convenio y del complemento de puesto de trabajo, correspondiente a los meses de junio y diciembre.

El personal docente de la enseñanza pública no universitaria y del Servicio Andaluz de Salud también verá reducidas sus retribuciones en una cuantía equivalente a la suma de estas pagas adicionales. En el ámbito de la educación , este conjunto de medidas también será de aplicación al profesorado de los centros docentes privados sostenidos con fondos públicos. Por su parte, los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia experimentarán una reducción del 5 por ciento de sus retribuciones periódicas brutas anuales, que se efectuará prorrateada en las retribuciones mensuales con cargo al complemento provisional específico.

Respecto a las entidades instrumentales y los consorcios, se establece una reducción del 5 por ciento de la masa salarial, que será definida en el plazo de un mes en el ámbito de la negociación colectiva. Al personal directivo le será de aplicación el mismo régimen de retribuciones que a los consejeros de la Junta. Se suspenden las jubilaciones anticipadas y las ofertas públicas de empleo, con la salvedad de aquellas cuyas convocatorias ya han sido publicadas. De igual modo, se suspende la concesión de subvenciones a organizaciones sindicales para la financiación de gastos corrientes. Otras medidas recogidas son la suspensión de la convocatoria y concesión de ayudas de acción social y de la jubilación anticipada.

La consejera ha manifestado que entiende "perfectamente" a los trabajadores públicos que están protagonizando protestas por ver que sus salarios se ven afectados como consecuencia de unas medidas del Gobierno central que son "tremendamente injustas e insolidarias" con Andalucía. Martínez Aguayo ha confiado en que las decisiones que ha tenido que tomar la Junta den resultado y ha insistido en que mirar solo al gasto es un camino equivocado para salir de la crisis y consolidar las cuentas públicas.

Por su parte, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez ha indicado que Andalucía es un claro ejemplo de la compatibilidad entre la defensa del estado del bienestar y el mantenimiento de unas cuentas saneadas. Ha indicado que el Observatorio de Dependencia ha situado a Andalucía en el podio de las comunidades en el desarrollo del sistema de atención de Dependencia y el Banco de España ha vuelto a ratificar que la deuda de esta tierra se sitúa muy por debajo de la media nacional.