Rechazado el recurso de la Junta a la Ley de Financiación Autonómica

En una sentencia a la que ha tenido acceso Efe el alto tribunal rechaza que la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, que modifica la ley de financiación de las comunidades autónomas, y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, vulneren el principio de autonomía financiera y de gestión. Tampoco daña, dice el TC, «los principios de lealtad institucional y de cooperación en materia financiera».

Así, rechaza el recurso de la Junta, que defendía que la norma recurrida impone a las Comunidades Autónomas una prioridad en el destino de los recursos en beneficio de las entidades locales que vulnera la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas.

Además, el mecanismo previsto es unilateral a favor del Gobierno central y adelanta a las entidades locales como acreedoras frente a otros que pudieran tener también el derecho a cobrar de manera prioritaria, añadía el recurso.

Al abrir la posibilidad de que el Estado salde estas deudas reteniendo recursos del sistema de financiación, la ley otorga, según la Junta, una prioridad «indebida» a este pago sobre las demás obligaciones autonómicas en relación con los servicios públicos que garantizan los derechos en materias sanitaria, educativa y social. Ello vulnera el principio de suficiencia financiera, decía la Junta.

El TC responde en su sentencia que «la deuda que en su caso debiera ser abonada por el Estado mediante el mecanismo de retención responde a un gasto que ya ha sido decidido de antemano, en concreto, en virtud de transferencias y convenios suscritos en materia de gasto social, por parte de las Comunidades Autónomas con las entidades locales acreedoras».

Por eso, la previsión de la ley recurrida no vulnera la autonomía financiera, ni tampoco la suficiencia, dado que «la eventual detracción de los importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar directamente a los proveedores no minora los recursos disponibles del sistema de financiación».

La norma recurrida se limita a dedicar una parte de los recursos «al pago de unas obligaciones previamente contraídas por una Comunidad Autónoma».

Además, el Gobierno andaluz también recurrió la disposición final decimosexta, que habilita a la Administración central para modificar por orden ministerial lo dispuesto en la Ley General de Sanidad sobre delimitación del gasto farmacéutico hospitalario y en productos farmacéuticos y sanitarios. El Constitucional también rechaza esta parte del recurso.

El fallo se produce con los votos particulares contrarios al dictamen mayoritario de los magistrados Fernando Valdés-Re y Adela Asúa.