Los pueblos «ricos» de Huelva en la lista de los pobres

En este listado de poblaciones con economías escasas aparecen Ayamonte, Lepe, Isla Cristina o Almonte, referentes del turismo onubense en todos los casos, sólidos en agricultura (Lepe y Almonte) y con un potente y afamado sector pesquero y una lonja, la de Isla Cristina, con proyección nacional por calidad.

«Desconozco qué parámetros tiene en cuenta el INE en este caso, pero no se corresponde con la realidad y con el movimiento económico que tiene Lepe», rebate su regidor, Juan Manuel González.

El caso de Lepe, con una renta anual por habitante de 7.678 euros, resulta especialmente llamativo al aparecer entre los quince peor situados de Andalucía, dentro del grupo de los 50 pueblos más pobres a nivel nacional. Ni el volumen empresarial ni las altas en la Seguridad Social ni el empleo , «que duplica el trabajo de algunos municipios» son, según González, indicativos de la situación de pobreza que vienen a describir los datos del INE.

La agricultura –abunda– ha pasado de ser estacional a tener continuidad casi los doce meses del año, a la que hay que sumar los servicios de vinculados al turismo (La Antilla e Islantilla) y la industria vinculada a la agricultura. «En Lepe tenemos de todo, la actividad económica y empresarial no se corresponde», remarca el alcalde.

¿Cómo se explica la presencia de estos pueblos en ese ranking? El catedrático de Métodos cuantitativos para la Economía y las Empresas de la Universidad de Huelva y presidente del Consejo Económico y Social de la provincia, Juan José García del Hoyo, parte del origen mismo de los datos de los que se sirve el INE en su estudio: proceden de una base fiscal, son datos sacados del Impuesto de la Renta (IRPF) y plantean un problema ya que «no en todos los sectores tienen un tratamiento similar, hay algunos sectores más opacos».

En los sectores primarios, según el catedrático, se dan más bolsas de economía sumergida en términos generales y, precisamente, son los de mayor peso en estos municipios onubenses. «Probablemente hay un dinero que no aflora en las declaraciones fiscales», apunta para señalar la posibilidad de exista «desfase» entre la economía real y la declarada, para indicar que un estudio de indicadores de gasto o consumo llevaría a conseguir una radiografía más afinada de la situación real.

«No resulta creíble que un onubense medio de Huelva capital tenga más ingresos que un lepero medio», manifiesta al comparar rentas.

García del Hoyo estuvo al frente del informe que llevó a cabo el CES provincial sobre economía sumergida (2018), que establece una correlación entre el nivel de actividad económica en la agricultura y los servicios con la economía sumergida, en contraposición de lo que ocurre en sectores como la industria o la construcción . Aquí, pone como ejemplo a Aljaraque, entre los de mayor renta de Huelva, con proporción baja de trabajadores del sector primario frente a mayoría de empleados de grandes empresas o funcionarios.

Según el último estudio, correspondiente al ejercicio 2017, los niveles de economía sumergida en la provincia de Huelva llegaron a alcanzar ese año el 27,2% del PIB observado, superando en seis puntos la media a nivel nacional (21,6%) y por encima también de la andaluza (22,1%).

Estos niveles se alcanzaron después de un decrecimiento sucesivo de los años precedentes, desde que se tocó el techo del 33,2% en 2009, en plena crisis económica, cuando se disparó la economía sumergida en casi diez puntos en solo dos ejercicios, del 24,4% de 2007.

En un escenario de economía sumergida, se produce mayor fraude fiscal y menor renta declarada, aclara el catedrático.

Sorpresa también «en negativo» por el ranking en la Federación Onubense de Empresarios (FOE), al resultar «poco creíble» que municipios de la envergadura de Ayamonte (se le señala una renta de 8.085 euros), Isla Cristina (7.229 euros), Lepe o Almonte (7.770), ocupen los tramos bajos de renta de Andalucía y España, sin conocer además los indicadores que se manejan.

El presidente de la FOE, José Luis García Palacios, índica la dificultad de tener a cero los niveles de economía sumergida y en las consecuencias de estos datos, que contribuyen a «un mayor empobrecimiento», si se tiene en cuenta que las administraciones públicas los toman como referencia para la inversión en obra pública. «Nos van a valorar para invertir según produzcamos».

Precisamente, según García Palacios, está en manos de la Administración –Trabajo, Seguridad o Prevención- que las inspecciones para contrarrestar los índices de economía sumergida «sean eficaces y eficientes, que en ocasiones están reñidas», matiza.

«Este tipo de economía, con actividades no sometidas a regulación alguna, conlleva un carácter malicioso que empobrece al conjunto de la sociedad y tiene a los trabajadores como primeros damnificados», lamenta.

El presidente de la patronal onubense rompe una lanza en favor del empresario, figura «demonizada» por algunas voces y, por otro lado, llama a hacer una reflexión sobre «la eficacia» de los subsidios que se pusieron en marcha en Andalucía y Extremadura a comienzos de los 80 del siglo pasado y se mantienen en 2020, y que considera deben actualizarse.

Según el informe de referencia, los empleos ocultos en el conjunto de Huelva derivados de la economía sumergida reducen a más de la mitad el desempleo de la EPA (en el periodo de estudio del 24% al 10%) y se traducen en mayor precariedad, peores condiciones laborales y mermas relevantes en la seguridad.

La mayor parte de los empleos no declarados se concentrarían, indica, en las ramas de actividad con correlaciones positivas con los niveles de economía sumergida , el sector primario y los servicios destinados a la venta.

En cuanto al nivel de fraude fiscal derivado de la proporción esta economía sigue una tendencia creciente que se ha manifestado de forma especial en una evolución marcadamente decreciente de la recaudación por IVA.