Las pruebas más raras pedidas en el juicio de los ERE: informes del Imserso y las cuentas de Castilla y León

El tribunal que va a juzgar a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán ha rechazado las pruebas solicitadas por ambos , así como la mayoría de documentos y testificales propuestas por los acusados que van a sentarse en el banquillo (hasta 22 ex altos cargos de sus gobiernos).

Los exmandatarios están acusados de prevaricación y asociación ilícita , aunque sobre Griñán pesa además la imputación de un delito de malversación de fondos públicos. Se les acusa de mantener durante una década la «ilicitud» de un fondo público de 855 millones de euros para financiar a empresas en crisis.

En un auto del pasado lunes, al que ha tenido acceso ABC, la Sección Primera de la Audiencia Provincial rechaza pedir al Gobierno andaluz los seis acuerdos de Concertación Social firmados entre la Junta, los sindicatos y la patronal entre 1993 y 2005, cuando Chaves presidía la Junta. Alega que su letrado puede aportarlos directamente durante la celebración del juicio que comenzará el día 13 de diciembre con las cuestiones previas (fase preliminar del proceso). Los acusados empezarán a declarar el 9 de enero.

El abogado de Griñán ha reclamado, sin éxito, la «copia cotejada de los Diarios de Sesiones» del Parlamento de Andalucía del 2 de noviembre de 2004 y del 2 de noviembre de 2006 o las copias de los informes de actuación elaborados por la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre entes públicos y los informes de 2000 a 2013 «con especial mención al informe de actuaciones sobre el Hospital de Poniente de El Ejido». La Audiencia tampoco ve justificada «mínimamente la relevancia» de otra prueba documental que pide: un informe de fiscalización del Imserso que hizo el Tribunal de Cuentas.

El tribunal ha rechazado la petición de varios investigados, entre ellos Griñán, para incorporar al juicio el sumario completo del caso ERE en papel . El abogado del expresidente argumenta que el sumario en formato digital incluye documentos fotocopiados «cuya autenticidad no consta» y pueden no ser válidos para su defendido. La Audiencia le responde que «no se puede recabar el original de las diligencias previas» porque corresponden a una causa que aún se está investigando, pero invita a los causados a consultar el sumario completo en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Entre las pruebas descartadas están un informe del Ministerio de Empleo sobre los pagos realizados a aseguradoras por tramitar ayudas a la prejubilación, las cuentas generales de la Comunidad de Castilla y León o un informe de fiscalización de subvenciones del sector público de Aragón.

El tribunal sí admite las pruebas propuestas por la Fiscalía, las acusaciones particulares y algunas defensas. En concreto, acepta el informe pericial encargado por la defensa de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo en relación al «procedimiento administrativo y de gestión económico-financiera seguido en relación con el programa 31L de los presupuestos de la Junta», y otro informe realizado a instancias de la exconsejera Magdalena Álvarez sobre los «procedimientos presupuestarios y de control en la concesión de ayudas sociolaborales en la Junta» con el fondo de los ERE.