El presidente de la Cámara de Cuentas omitió al Parlamento el final de su mandato anterior

El artículo 22.c) que regula las funciones del presidente, señala entre sus obligaciones la de «comunicar al presidente del Parlamento, con dos meses de antelación, la finalización de su mandato y el de los consejeros, así como las vacantes que por otros motivos se produzcan, a los efectos de iniciar los procesos de designación correspondientes». Éste es un trámite que cobra suma importancia si se pone en contexto con la actual situación de bloqueo que atraviesa una institución clave para el control de la legalidad y la utilización eficiente de los fondos públicos de la Junta, ayuntamientos, diputaciones y universidades.

Antonio López no convoca los plenos extraordinarios que deben elegir al presidente y vicepresidente de la institución, cargo este último que está vacante tras la salida de Rafael Salas. No lo hace a sabiendas de que PP, Ciudadanos y Vox tienen cuatro miembros, la mayoría absoluta en el Pleno del órgano, y que no cuentan con él para que continúe en la presidencia.

López se hizo por primera vez con las riendas de la Cámara de Cuentas de Andalucía en marzo de 2011, de la mano del PSOE. Este partido se tomó tanto interés en situarlo en este cargo que no tuvo reparos en esperar unos meses y salvar así la posible incompatibilidad de su nombramiento. Un año antes había sido vicerrector de la Fundación General de la Universidad de Granada-Empresa y había estado a cargo de la gestión financiera de esta entidad del sector público andaluz, lo que le impedía acceder a la Cámara.

La última vez que rindió cuentas del final de su primer mandato era presidente del Parlamento el socialista Manuel Gracia. Fue en diciembre de 2013, cuando le envió una carta por la que le certificaba que el 2 de marzo de 2014 finalizaba su periodo. En 2018, en cambio, se saltó este trámite.

El 10 de febrero pasado el Parlamento renovó a cuatro de los siete consejeros que integran el Pleno de la Cámara. Según el reglamento interno, en los diez días hábiles siguientes a la entrada y salida de nuevos miembros, debe reunirse el pleno de este órgano de extracción parlamentaria para elegir a sus cargos. Los consejeros que conforman la mayoría le han solicitado su convocatoria para acabar con la situación de bloqueo . «Usted se halla fuera de la legalidad que le otorgaba su cargo», le han advertido a través de sendos escritos dirigidos a él para justificar su negativa a acudir a sesiones ordinarias hasta que resuelva esta anomalía. López, en cambio, aspira a continuar hasta la próxima legislatura.

El ‘truco’ radica en que no computa para sí mismo el año y medio que llevó el timón de la Cámara estando en funciones, aunque sí le descuenta el periodo de interinidad al resto de consejeros, cuyo mandato es de seis años.

El anterior mandato de Antonio López finalizó en febrero de 2018, pero hasta el 17 de septiembre de 2019 no juró de nuevo el cargo porque hasta entonces los distintos grupos políticos no se pusieron de acuerdo para desbloquear la renovación de los órganos de extracción parlamentaria.

Por tanto, durante un año y siete meses, López siguió ejerciendo en funciones. Soslayó al Parlamento que su plazo estaba próximo a concluir, como era preceptivo. Si contara este periodo de interinidad, como plantean los miembros del PP, Cs y Vox, su mandato de tres años estaría vencido. Si no lo hace, como él plantea, acabaría en septiembre de 2022, pero podría prolongarlo en funciones hasta final de 2023, con un gobierno diferente. De este modo, tras ser elegido tres veces permanecería trece años al frente de la Cámara, un récord de longevidad al alcance de muy pocos altos cargos tras el desembarco delPP y Ciudadanos en la Junta.

Para resolver este embrollo legal, los consejeros del PP, Cs y Vox pidieron el 23 de febrero al secretario general de la Cámara de Cuentas un informe jurídico sobre la obligación de convocar un pleno extraordinario que López les niega para evitar su recambio.