El PP teme «una amnistía penal» de Núñez a investigados en el caso ERE

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha sobreseído una pieza del caso ERE centrada en la ayuda con cargo a la partida 31L, conocida como «fondo de reptiles», que el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero le concedió a la empresa Azucareras Reunidas de Jaén S.A. En su auto, la magistrada expone que los hechos « no revisten el carácter de delito », toda vez que no existen intrusos, es decir, prejubilados ajenos a la empresa que se beneficiaron de pólizas subvencionadas.

Conscientes de que este auto puede abrir la puerta al archivo masivo de decenas de investigaciones de ERE sin intrusos, los letrados del PP, acusación popular en la causa, han movido ficha pidiéndole a la Audiencia que anule esta decisión. Argumentan que los compromisos adquiridos por Guerrero acabaron costándole a las arcas públicas 2,37 millones de euros . Dinero que la Junta empleó en pagar pólizas de trabajadores menores de 55 años.

Prueba de la ilegalidad de las ayudas es que «tuvieron que aprobar de manera urgente el decreto ley 4/2012» para darles cobertura «mediante una ley singular». De lo contrario, «no se podrían continuar abonando los compromisos adquiridos por Guerrero , precisamente por esa falta de legalidad». Por tanto, «el hecho de que se haya dado una posterior cobertura legal [...] en beneficio de los beneficiarios de buena fe, no puede convertirse en una amnistía penal para los investigados».

En el recurso, al que ha tenido acceso ABC, los abogados Luis García Navarro y Lourdes Fuster traen a colación una cita del filósofo Aristóteles para explicar «la injusticia que supone la desigualdad de trato y discriminación para todos los andaluces que, estando en las mismas circunstancias que los beneficiarios, no disponían ni por sí, ni a través de persona interpuesta, de acceso siquiera al derecho a solicitar la subvención».

Recuerdan que las ayudas se concedieron «al margen de los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad legalmente establecidos», uno de los múltiples «incumplimientos» legales que pusieron de manifiesto los interventores de la Administración General del Estado en relación con esta ayuda.

La instrucción se ha cerrado y «ni siquiera se ha incorporado el testimonio del informe de la Intervención », pese a que así se acordó en la apertura de las diligencias.