La Policía investiga el ataque con granadas de mano a un lujoso hotel de Marbella

Por un lado, para esclarecer la propiedad y quedarse con el establecimiento y, por el otro lado, con la comunidad de vecinos aledaña, hastiada de la fiesta constante y de los incidentes derivados de la actividad. La guerra ha llegado a tener cruentos episodios, como el que se vivió el pasado 2 de marzo de 2017, cuando un individuo sin identificar incendió el restaurante junto a la piscina y lanzó una granada de mano dentro del local en plena noche. «Estábamos cerrados y ya en la cama. Sentimos una explosión y bajamos. Estaba todo destrozado», señala Alexandra Valdivia, directora general de Sisu Hotel Boutique .

La Policía Nacional tiene abierta una investigación sobre lo sucedido. «No hay nada cerrado y no se pueden dar datos», apuntan las autoridades, que tratan de esclarecer lo ocurrido aquella noche. «Se hizo para que no pudiéramos abrir en mayo. Hasta que no se cierre la investigación los seguros no se hacen cargo de los daños, si no hubiéramos tenido dinero para reformar y levantar de nuevo lo destrozado, no podríamos haber abierto y se habría acabado todo», añade Neil Acland, propietario de la marca Sisu Hotel Boutique , que tiene alquilado el edificio y al que ya han tratado de desahuciar sin éxito.

Precisamente en la propiedad del edificio reside toda la disputa. Según explica Neil Acland, el hotel perteneció a Lorcrimar, que también construyó parte de la zona residencial aledaña. La sociedad fue judicializada en «Malaya» , pero antes cedió el enclave a Marbecorp, cuyo administrador era el empresario británico Gary Sanders, que se asocia con Acland en 2010 para levantar el festivo negocio que se conoce actualmente. Pero durante la reforma del establecimiento Sanders es detenido en la puerta del hotel y extraditado a Reino Unido por diversos delitos relacionados con el fisco. Según afirman los gestores, es condenado a 7 años de cárcel y tras su salida de prisión es cuando se desata la guerra por el hotel.

«Sanders tenía una deuda con Philip Notley, empresario propietario de PDQ Computer, que consiguió que le fuera abonada con la propiedad de este edificio», asegura Neil Acland, que paga desde entonces el alquiler a este propietario, británico y residente en Miami, según cuenta, huido allí tras recibir amenazas de muerte .

Sin embargo, para Gary Sanders la realidad es otra y reclama la propiedad del lugar que le cedió Lorcrimar. Antonio Flores, abogado de Sanders, sostiene que sigue siendo el propietario y que Notley es sólo un testaferro de Acland para «eludir el pago» . Es en ese punto donde se desata una polémica que lleva a Flores a reclamar más de un millón de euros de deuda por el alquiler del establecimiento y a querellarse contra los gestores del hotel por calumnias al decir que su cliente es un criminal. La guerra se dirime en los juzgados entre demandas de desahucio por parte de Sanders, que se retiran 30 minutos antes de la vista ante el juez, acusaciones de actividades ilícitas y denuncias ante el Ayuntamiento de Marbella para la retirada de las licencias. «El tipo de licencia con la que está operando el hotel no existe en la legislación andaluza», reseña Flores, que apunta también al Ayuntamiento como «protector de Sisu Hotel Boutique».

Y en medio de todo están los vecinos. Los propietarios de la urbanización El mirador del Rodeo —lugar por donde se produjo el asalto en marzo— exigen medidas contra los ruidos y los incidentes en la zona, provocados, según ellos, por los clientes del hotel. El problema reside en los 14 apartamentos que Sisu Hotel Boutique posee y alquila por una media de 1.600 euros por noche en la citada zona residencial. Algunos de los vecinos han hecho frente común contra el hotel para desalojar a los actuales inquilinos cansados del turismo de excesos que los hijos de ricos marbellíes llevan en la zona. Han denunciado hasta 700 incidencias , algunas graves, como allanamiento de morada o agresiones, para obligar a las autoridades a actuar contra Sisu Hotel Boutique.

Mientras todo se resuelve, la guerra por el control sigue abierta, en ocasiones como en marzo, con formas de presión peligrosas. Hasta que los jueces decidan quien tiene el derecho sobre la propiedad, los actuales gestores hacen valer sus contratos y los pagos a Notley, los vecinos presionan para conseguir el cierre del establecimiento y Gary Sanders trata de recuperar el valioso enclave, que puede llegar a arrojarle, sólo con la venta, varios millones. Eso sin contar que se quede con el mismo modelo de explotación, visto el éxito obtenido en estos años y los pingües beneficios obtenidos.