La Policía confirma irregularidades en las ayudas de la Junta a Santana Motor

La Unidad de Delincuencia Económica, Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional en Sevilla está investigando una posible financiación ilegal de Santana Motor por parte de la Junta de Andalucía, en un atestado que ayer desveló el PP y que está en poder del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que abrió una investigación en 2015 para investigar la concesión de préstamos a esta empresa jiennense.

En este informe, l os agentes alertan de un gran número de irregularidades en la concesión de subvenciones desde la Junta de Andalucía a Santana Motor en el año 2010, así como de un posible menoscabo de fondos públicos por valor de 36,1 millones de euros, que llegaron en forma de préstamo a la fábrica linarense pero no se devolvieron nunca a la administración. Una práctica que, además, está totalmente prohibida por la Unión Europea.

En el atestado de la Udef se pone de manifiesto que se cambió el convenio que autorizaba estos préstamos sin el consentimiento del Consejo de Gobierno. Es más, se hizo a espaldas del propio Consejo de Gobierno, que acordó conceder dos créditos ordinarios por valor de 36,1 millones de euros a Santana, pero se cambiaron las condiciones de los mismos respecto a las autorizadas por la Intervención General de la Junta. A sí, se pasó de un préstamo ordinario de la Junta a Santana a otro a fondo perdido . De hecho, ese dinero no ha sido reembolsado —al menos por el momento— a la administración andaluza.

No es la única irregularidad que detectan los agentes. Según recogen en su informe, los trabajadores de Santana Motor recibieron ayudas por valor de 5,2 millones de euros pero el procedimiento fue irregular ya que la plantilla no podía ser beneficiaria real de ese tipo de ayudas.

Hay otra irregularidad más detectada y es que se cambiaron estos préstamos un día después de que el Consejo de Administración de Santana Motor acordase su disolución como empresa. Una buena parte del atestado policial está basado en dos informes de la Intervención General de la Junta sobre la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), uno de ellos es del año 2014.

Desde la Consejería de Empleo, sin embargo, defienden su actuación, al tiempo que aseguran que Susana Díaz «no estaba ni en el Gobierno cuando se firmó el convenio de financiación entre el Ministerio de Ciencia y la Consejería de Innovación en 2008, ni entre IDEA y la Consejería de Innovación en 2009 », pero, en cambio, «sí fue un Gobierno bajo su presidencia el que actuó y corrigió la situación en el año 2014».

En ese sentido, desde Empleo subrayaban que «hace ya años que la Junta actuó y corrigió de acuerdo con el informe » de la Intervención General de la Junta, y lo hizo «abriendo un proceso de información interna, corrigiendo inmediatamente el convenio, ajustándolo a lo autorizado en su día por Consejo de Gobierno y fiscalizado», e «iniciando inmediatamente la devolución del préstamo por parte de IDEA a la Consejería».

Además, «IDEA no trasladó a Santana la financiación como una subvención a fondo perdido, sino en préstamos informados por los órganos de fiscalización pertinentes, aprobados en Consejo Rector de la Agencia IDEA y ratificados en Consejo de Gobierno».

Igualmente, «la Cámara de Cuentas de Andalucía elevó informe al Tribunal de Cuentas, quien el pasado mes de abril resolvió que no existe responsabilidad contable alguna en este caso», según explicaron desde la Consejería de Empleo.