El Poder Judicial «salva» a la juez del caso ERE sin valorar las denuncias más graves de Anticorrupción

El Promotor Disciplinario del CGPJ, Ricardo Conde , archiva las diligencias informativas que inició hace un año contra la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que lleva casi once meses de baja, y descarta una «pasividad intencional» ni un «descuido» en su actuación . No entra a analizar ni las exclusiones masivas de ex altos cargos en las piezas del caso ERE ni las «abrumadoras muestras de conductas irregulares» advertidas por el Ministerio Público en su denuncia.

El detonante de la investigación fue un «informe ilustrativo» de queja elevado por los seis fiscales Anticorrupción de Sevilla a su jefe en Madrid, Alejandro Luzón, que desgranaba con profusión de datos «la desatención» de las macrocausas de corrupción de los ERE, Avales y Agencia IDEA que afectan a los gobiernos socialistas de Andalucía. En un gesto que no tenía precedentes en la historia judicial de Sevilla, la plantilla al completo de Anticorrupción, alertó de «una inequívoca actuación dilatoria» de su labor instructora.

En contra del criterio del Ministerio Público, el magistrado Ricardo Conde no aprecia ningún motivo de sanción grave o muy grave, hasta el extremo de descartar la apertura de un expediente disciplinario . Justifica las «demoras» que se produjeron en el caso ERE –que circunscribe al último tramo de 2016 y parte del año 2017– por la carga de trabajo y la «gran complejidad» de la causa que heredó de la juez que inició la investigación, Mercedes Alaya , cuando aterrizó en el órgano judicial procedente de un juzgado de Familia.

En el resumen con sus conclusiones difundido a los medios de comunicación por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el promotor señala que los retrasos, «no denunciados entonces», coincidieron con «el momento en el que la magistrada recibió un mayor número de informes policiales » sobre las empresas y entidades beneficiarias de ayudas fraudulentas, lo que dio lugar a la apertura de cerca de 200 piezas separadas. «La complejidad de la actividad instructora desplegada ha podido estar en la base de la demora denunciada». También disculpa a la juez por las «innumerables solicitudes de sobreseimiento formuladas» por los investigados, las peticiones de diligencias interesadas por las partes, así como por «el importante número de declaraciones».

El promotor reproduce los argumentos recogidos en el informe del Servicio de Inspección del CGPJ, que tras revisar la actividad de la instructora, consideró que la magistrada lleva un control «eficaz y exhaustivo» de los asuntos ordinarios y las macrocausas y que la instrucción se ha llevado a cabo «de forma correcta, ágil y ordenada, con control de agendas».

El informe de 399 páginas emitido por los inspectores que visitaron el juzgado en octubre , con la juez de baja, aseguraba que la instrucción de todas las piezas «se desarrolló con buen ritmo y transcurrió con normalidad, dándose respuesta a las peticiones de las partes y tramitándose los recursos en tiempos razonables». Por tanto, «no cabe inferir la pasividad intencional o el descuido injustificable que la denuncia atribuye a la magistrada».

El Promotor Disciplinario rehúsa entrar al fondo de las cuestiones más espinosas que denunció Anticorrupción, como los sucesivos archivos de piezas sin motivarlas, así como su negativa reiterada a practicar algunas diligencias solicitadas por la Fiscalía. Paradigmático fue el caso Avales, que no se menciona en las conclusiones del promotor remitidas a la prensa . Cansado de que sus peticiones fueran ignoradas, el fiscal lamentó en un escrito que «el avance de la investigación ha sido prácticamente inexistente» durante dos años y medio. La Audiencia de Sevilla tumbó hace un mes el archivo del caso Avales por la juez y obligó a practicar las diligencias que había desoído «de manera sistemática».

A nada de esto se refiere el encargado del Poder Judicial que da carpetazo a las diligencias. Lo reduce todo a «la profunda discrepancia del Ministerio Fiscal con numerosas decisiones de la juez» . Los delegados de Anticorrupción en las tres macrocausas advirtieron de «abrumadoras muestras de conductas irregulares» y de «un vaciamiento progresivo» de las piezas mediante «exclusiones» de los excargos socialistas, o «sobreseimientos de otros funcionarios, sindicalistas y empresarios».

Conde esgrime que estas diferencias « quedan fuera del ámbito de actuación del órgano de gobierno de los jueces, que no puede analizar el acierto del criterio judicial plasmado en los pronunciamientos dictados» y apela a la jurisprudencia del Supremo para dilucidar si algunas de sus conductas están «tipificadas como infracción».

La acusación ejercida por los fiscales y el trabajo ingente que desempeñaron durante la instrucción y el juicio resultaron decisivos para la condena de dos expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán , en la única pieza separada del caso enjuiciada hasta ahora. Sus argumentos se impusieron a las tesis de las defensas en la sentencia que los condenados han recurrido ante el Tribunal Supremo.