La plantilla de la Junta de Andalucía subió hasta los 300.000 empleados en 2020

Para poner en contexto el dato de la personas que trabajan en la administración andaluza cabe señalar que la empresa con la mayor plantilla del país, ACS, tiene 98.000 empleados y Mercadona, la segunda de la lista, 90.000. Inditex anota 174.386 trabajadores, pero eso incluye a todas las personas que trabajan para la empresa de Amancio Ortega en los 154 países en los que está implantada. Pues bien, hay que sumar la plantilla de Inditex, ACS y Mercadona para alcanzar la cifra de empleados que tiene la Junta.

Sin embargo, el número de trabajadores públicos andaluces, aunque en cifras brutas parezca muy alto, no lo es tanto. De hecho, si se compara con el resto de comunidades autónomas, la Junta de Andalucía no destaca por tener un amplio número de trabajadores teniendo en cuenta su población. Porque, cabe subrayar, la comunidad andaluza es la región con mayor censo de España y supera los 8,4 millones de habitantes.

Así, Andalucía tiene 5,9 empleados públicos por cada cien habitantes . Cataluña, que le sigue en población, cuenta con 4,3 trabajadores en su administración por cada cien personas. Al comprobar el número de trabajadores de la administración autonómica y relacionarlos con la población, se comprueba cómo Andalucía, en realidad, está en la media de España.

Así, hay regiones como la Comunidad Valenciana donde cuentan con solo 3,8 empleados públicos por cada cien habitantes. Pero está también Extremadura, con 8,6 trabajadores en la administración por cada cien personas. En medio, el País Vasco (5,4); Galicia (5,7); Navarra (6,15) o Canarias (5,8).

En dos años, 2019 y 2020, se deduce de los datos del documento del Gobierno central, Andalucía ha sumado a su plantilla casi 60.000 trabajadore s. Eso se traduce en un incremento del 11,6 por ciento de empleados públicos en el primer año y otro 11 por ciento en el segundo.

Esas dos subidas son las mayores registradas por cualquier administración en la comunidad presente en Andalucía desde hace siete años. De hecho, según certifica el Gobierno central en su censo de empleados públicos, la Junta aumentó un 26,3 por ciento su plantilla desde 2014 mientras que, en el mismo periodo, el Estado perdió un 8,82 por ciento de sus trabajadores y las administraciones locales se dejaron casi un 6 por ciento.

El año pasado es plausible atribuir en gran medida ese incremento de trabajadores públicos a la crisis del coronavirus . La pandemia de Covid-19 que se declaró en marzo del año pasado ha supuesto un notable esfuerzo por parte de las consejerías de Salud y de Educación, fundamentalmente, para hacer frente a las demandas de la población.

Sin embargo, la pandemia no explica la fuerte subida de personal en 2019 , un año completamente normal en términos sanitarios y económicos. Y, de acuerdo a los datos del Ministerio de Política Territorial, fue en ese año cuando se produjo el mayor incremento de trabajadores públicos en la comunidad desde 2014, un 11,6 por ciento frente al año anterior.

Hay otro dato lla mativo. El Gobierno habla de casi 300.000 empleados en la Junta. Pero el propio Ejecutivo andaluz solo reconoce 278.000 trabajadores. ¿Dónde han ido a parar los 22.000 trabajadores de diferencia? Nadie da una explicación. Desde la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior señalan que sus datos son correctos y que 278.000 son los empleados públicos en la comunidad. Y desde el Gobierno central aseguran que su cifra de casi 300.000 es buena y se corresponde con lo que le comunicó en su día la Junta.

En todo caso, del documento del Gobierno central se extrae que todos los empleados públicos que trabajan en Andalucía han crecido en los últimos años arrastrados por las contrataciones de la Junta . Así, han pasado de 478.000 en 2014 a más de medio millón en 2020, una subida del 5,9 por ciento.

Además, esos 500.233 empleados públicos de Andalucía suponen el 18,45 por ciento del total de España, lo que es casi al milímetro el peso de la población andaluza dentro del censo del país.

La cuestión es que las plantillas públicas han estado más que vigiladas durante años. La gran crisis económica de 2008 llevó al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a decretar la tasa de reposición cero en 2011 para ahorrar dinero. ¿Qué quiere decir eso? Que no se podía contratar a nadie ni aunque hubiese bajas en el sistema por jubilación, abandono o fallecimiento. De esta forma, y hasta el año 2017 ninguna administración —estatal, regional o local— pudo convocar oposiciones multitudinarias ni hacer grandes contrataciones de plantilla.

Con la llegada del Presupuesto General del Estado de 2018 —el último del Gobierno de Rajoy y que estuvo prorrogado hasta el año pasado—, se abrió la puerta a contrataciones siempre que la administración en cuestión cumpliese con la regla del déficit. Entonces se pusieron en marcha también las macro oposiciones de estabilización para reducir la temporalidad en la administración.

Reflejo de estas realidades —más las contrataciones por el Covid el año pasado sobre todo en Sanidad y Educación —, es el crecimiento de las plantillas que se inicia de forma tímida al principio pero que en 2019 y 2020 alcanza ya una media del 11 por ciento anual.