Los peritos judiciales afirman que las ayudas del caso ERE fueron a las empresas, no a los trabajadores

Juan Zornoza, perito de la defensa de Griñán, expresó una opinión contraria. Las ayudas «se concedieron para atender la situación de los trabajadores sin liberar a las empresas de sus obligaciones con ellos», dijo. Añadió que «no se puede decir que son ayudas a empresas, son ayudas a los trabajadores».

Así lo sostiene también Juan Antonio Carrillo que tuvo un encontronazo con el fiscal Manuel Fernández al que instó a decir «toda la verdad» al preguntar por sus informes. Pidió disculpas después de que el juez censurara su tono: «Señor Carrillo, dirígase con correción». El fiscal recurrió a la ironía para responderle que su labor «no es suplir» la documentación que no le han aportado las defensas para elaborar sus informes de parte.

El fondo de la Consejería de Empleo para financiar prejubilaciones derivadas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) y ayudas a empresas en crisis se convirtió con el tiempo en un cajón de sastre donde todo o casi todo tenía cabida: desde el pago de fiestas de pueblo hasta el mantenimiento de los trabajadores en empresas que no los tenían o el montaje de una supuesta granja avícula vinculada al exchófer del exdirector de Trabajo Javier Guerrero que nunca vio la luz.

Éstos y otros destinos dispares, «cuando no pintorescos», que tuvieron los fondos públicos fueron recordados ayer en el juicio de la pieza política del caso ERE por el jefe del equipo de peritos judiciales de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Ángel Turrión defiende que el 70 por ciento de las 270 ayudas concedidas (unas 190) con cargo al programa presupuestario 31L, conocido como «fondo de reptiles», no tenían «ninguna relación» con la tramitación de un ERE o un plan de jubilación . A preguntas del fiscal, declaró que las ayudas «no tienen regulación ninguna que conozcamos» en el proceso que ha sentado en el banquillo a dos expresidentes andaluces (Manuel Chaves y José Antonio Griñán) y a 20 ex altos cargos autonómicos más por la creación y mantenimiento de un procedimiento de reparto de 855 millones de euros en ayudas entre 2001 y 2011.

Turrión, que firmó junto a otros tres peritos del Estado los 275 informes que han servido de sostén jurídico a las acusaciones, enumeró algunos de los usos que tuvieron las ayudas: el pago para fiestas de un ayuntamiento , un curso a personal de alta dirección de la Junta, un máster para organizaciones sin ánimo de lucro, gratificaciones a directivos de Santana Motor, nóminas atrasadas en 53 casos, eventos y ferias de pueblos, «una granja de pollos que nunca llegó a realizarse» y el mantenimiento de trabajadores de empresas que no tenían a ningún asalariado. Mencionó que la Junta «convirtió una subvención en un préstamo sin plazo de devolución ni interés» después de que un juzgado notificara el embargo de las ayudas concedidas por la Dirección de Trabajo a la empresa.

El experto no soslayó que, «en numerosas ocasiones, las ayudas no tuvieron un destino definido , sino que se dieron porque sí, asimilándose más a una liberalidad que a una ayuda».

El catedrático Juan Ramallo, perito propuesto por la defensa de la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez endosó la responsabilidad al interventor general de la Junta entre 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez , encausado en este juicio. Así, advirtió que «en esa enumeración de subvenciones pintorescas debió haber la autorización o consentimiento por parte de laIntervención».

El perito José Ignacio López, propuesto por la defensa del exconsejero Antonio Fernández, precisó que el 70 por ciento de las ayudas representan el 30 por ciento del gasto de la Junta con cargo al programa de los ERE. Además, argumentó que en el proceso es «más importante» la normativa aplicable que «los usos extramuros de la Dirección de Trabajo» de las ayudas. Este perito afirmó que desde 2004, cuando se crea la Consejería de Innovación, no se dieron nuevas ayudas a empresas. Rectificó cuando el fiscal le exhibió en la sala resoluciones de subvenciones posteriores a esa fecha.

Otro perito de parte, Juan Zornoza, propuesto, entre otros, por Griñán, advirtió que ante situaciones de crisis «no cabe hacer uso de convocatorias públicas de ayudas ». También criticó «el peligro de algunas generalizaciones» en las que, a su juicio, caen los peritos del Estado. En este sentido, dijo que el Tribunal de Cuentas reconoció que algunas ayudas concedidas «hay memorias justificativas» que avalarían la finalidad pública e interés social y económico de los fondos.

En la sesión número cien del juicio, el profesor Juan Antonio Carrillo defendió que la línea de ayudas «responde a un compromiso político de todas las fuerzas sociales y la Junta que hace suyo el Parlamento» y que está vinculada a los acuerdos de concertación social suscritos por el Gobierno andaluz con la patronal y los sindicatos.