Pedro Sánchez rompe su silencio sobre los ERE para decir que son el pasado

Con motivo de la cumbre de la OTAN en esa ciudad, Pedro Sánchez no ha tenido más remedio que ponerse delante de los medios de comunicación en una rueda de prensa y allí ha respondido a una pregunta de ABC, después de que estuviera inaccesible en España. Su respuesta ha sido mucho más que parca: «Mucho antes de que se conociera la sentencia de los ERE, el PSOE ya asumió sus responsabilidades políticas y no hay nada más que añadir», ha dicho.

Una frase que sigue punto a punto el guión escrito entre la secretaría de Organización federal y la de Andalucía, que coordinaron esa respuesta el mismo día en el que se conoció la sentencia, el 19 de noviembre.

Pero mientras el secretario federal del PSOE trata de pasar de puntillas por el asunto, en el Gobierno andaluz tienen la estrategia opuesta. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, dijo ayer durante una visita a Córdoba que la Junta se va a personar en la nueva causa judicial abierta por la concesión de una ayuda directa a la empresa Cárnicas Molina (compañía que ha pasado por muchos nombres como Hamsa o Primayor), en la que están investigados Manuel Chaves y Gaspar Zarrías, un caso al que su vicepresidente, Juan Marín, le «huele muy mal».

Marín explicó que el Gobierno regional se personará «para poder estar al día de toda la información y también poder tomar decisiones dentro del ámbito de ese nuevo expediente». En su opinión, se trata de «un caso muy serio» y que «probablemente sea el inicio del sistema tramado durante muchísimos años en Andalucía de los ERE», en la misma línea expresada el martes por el portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Presidencia, Elías Bendodo. «En aquel momento, nadie se enteró absolutamente de nada y parecía que estos señores iban a tener impunidad e iban a poder hacer con el dinero público lo que les viniera en gana».

La Junta de Andalucía ya está personada en otras piezas relacionadas con las ayudas directas que el Gobierno andaluz concedió a la empresa Cárnicas Molina de Jaén, en concreto en una sobre las ayudas sociolaborales que recibió esta empresa. En este caso, el escrito de personación se presentó el 28 de noviembre y lleva la misma firma de la letrada de la Junta que ha dirigido este asunto dentro de la administración desde hace años, María Victoria Gálvez.

Y si el Gobierno andaluz está buscando documentación en los archivos de la Junta y del Consejo de Gobierno, el PSOE está también haciendo lo propio. Su portavoz parlamentario, José Fiscal, rescató ayer una proposición no de ley presentada en el Parlamento por el PP de Andalucía el 22 de octubre de 2010 en la que pedían «el cumplimiento de los acuerdos realizados a los trabajadores de Primayor».

Según consta en el documento, que está firmado por el diputado popular de Jaén José Enrique Fernández de Moya, ya fuera de la política, el PP defendía que el Consejo de Gobierno «siga avalando los préstamos solicitados por los antiguos trabajadores de Primayor», así como que «cumpla los compromisos con los trabajadores de Primayor de Jaén».

El actual portavoz socialista ha detallado que en el debate de esta iniciativa -que no salió adelante porque sólo votó a favor el PP- Fernández de Moya pide también al Gobierno andaluz que cumpla con los ERE de las empresas de Cádiz, Delphi, Astilleros y Santana Motor. Todos expedientes que ahora se han declarado ilegales por el método de concesión de las ayudas.

«El consejero de la Presidencia practica el matonismo institucional cada martes en el Consejo de Gobierno, mintiendo y manipulando la realidad», dijo Fiscal pra advertir de la «contradicción flagrante» que supone que el PP andaluz denuncie las ayudas que concedieron los anteriores ejecutivos socialistas a la empresa jiennense Cárnicas Molina mientras «las defendió en una proposición no de ley».

Los socialistas no perdieron ayer la ocasión de recordar cómo, durante años, el PP andaluz apoyó las manifestaciones de los trabajadores de todas estas empresas cuando hostigaban a los diferentes presidentes andaluces y exigían a Chaves y Griñán sobre todo, que cumpliese sus compromisos.

Vox también se pronunció ayer sobre este asunto pidiendo al Gobierno andaluz que actúe de forma «contundente» contra los condenados por el caso de los ERE para intentar recuperar el dinero defraudado.