¿Qué pasará ahora con la jornada de 35 horas de los funcionarios andaluces?

Acuerda recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto de la Junta que restituye las 35 horas semanales para su personal porque, a su juicio, se invaden competencias estatales. En concreto, esgrime que se conculcan los presupuestos del Estado, que fijó la jornada laboral de las administraciones públicas en 37,5 horas, así como el real decreto de racionalización del gasto público educativo.

El regreso a la jornada de 35 horas semanales entró en vigor el 16 de enero. La Junta va a mantenerla hasta que se pronuncie el Constitucional. Para ello, antes, el Gobierno tiene que formalizar el recurso . Una vez que lo haga, se abre un plazo de 15 días para que la Junta realice sus alegaciones. Solicitará la suspensión cautelar del decreto. De ser admitida su petición, los empleados de la Junta volverán a trabajar 37,5 horas con igual sueldo.

Por poder, puede, pero es harto complicado. Los precedentes juegan en contra del Gobierno de Susana Díaz, quien, de hecho, aprobó la medida a sabiendas de que iba a ser impugnada por el Ejecutivo central , que ya había recurrido intentos similares de recuperar las 35 horas en Castilla La Mancha y el País Vasco. El TC sentó jurisprudencia sobre este asunto al fallar en septiembre de 2016 en contra del decreto del Gobierno manchego para reducir la jornada. El Constitucional advirtió que esta región no puede saltarse el régimen de derechos y obligaciones del Estado.

Un mes antes de que la presidenta anunciara el regreso a las 35 horas, en junio de 2016, el Tribunal Constitucional había admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la jornada de 35 horas semanales de los funcionarios, instaurada por Castilla-La Mancha y, posteriormente, por el País Vasco. El gobierno manchego de Emiliano García Page (PSOE) fue el primero que decretó el regreso de la semana de 35 horas en diciembre de 2015. En febrero de 2016 , el Gobierno vasco siguió sus pasos y aprobó una iniciativa similar, que fue tumbada por la Justicia de esa región.

La disminución de jornada en Andalucía entró en vigor el 16 de enero pasado en Andalucía. Para entonces, el Tribunal Constitucional ya había declarado inconstitucional la norma recurrida porque resultaba «incompatible» con la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado de 2012. Dos meses después, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló el decreto del Gobierno de Íñigo Urkullu (PNV).

La Junta, que ha defendido su competencia para regular la jornada de sus trabajadores, estimó que se perderán unos 7.000 empleos que se crearían al recurrir a nuevas contrataciones para suplir la rebaja de la jornada laboral. CSIF ya amenaza con iniciar movilizaciones.