El Parlamento busca cómo obligar al Gobierno andaluz a cumplir sus acuerdos

La clave está en el reparto de fuerzas parlamentarias después de las últimas elecciones andaluzas y de la irrupción de los nuevos partidos políticos. Tras marzo de 2015, el PSOE ya no tiene mayoría absoluta sino un gobierno en minoría que le obliga a acordar las principales medidas que quiere aprobar. Su pacto con Ciudadanos lo blinda en los asuntos más importantes pero los socialistas ya se están acostumbrando a tener que acatar decisiones, programas y proyectos que no les convencen pero que tienen que asumir tras perder votaciones en el Parlamento porque toda la oposición unida suma más diputados que ellos (62 suman PP, Podemos, Ciudadanos e IU frente a los 47 que tiene el PSOE).

Sin embargo, el Gobierno andaluz incumple sistemáticamente estos acuerdos , no llevando a cabo las medidas políticas necesarias para llevarlos a cabo. Y eso que las mociones y resoluciones que se aprueban en la Cámara son de obligado cumplimiento. El reglamento del Parlamento también es bastante difuso al respecto por lo que no hay medidas legales para obligar al Gobierno andaluz a cumplir lo que se aprueba.

Izquierda Unida ha dado un pequeño paso para obligar al Ejecutivo a cumplir lo que se aprueba. El mes pasado, pidió la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal , en la comisión correspondiente para que explicase por qué no se están construyendo las depuradoras declaradas de interés autonómico y cuya tasa sí se cobra a todos los andaluces. Como no les satisfizo la explicación, lo obligaron a comparecer de nuevo en el Pleno para abundar en la materia.

Pero es sólo un gesto, ya que asuntos relevantes están en un cajón de los edificios de la Junta. Sólo en el ámbito sanitario hay varias iniciativas pendientes que cuentan con todos los parabienes legales pero que ni se han empezado a poner en marcha.

En esta situación están, entre otras, la Estrategia Alzheimer 2020, la red andaluza de cuidados paliativos pediátricos en los centros hospitalarios andaluces y en el hogar, la Estrategia de actuación estudio e investigación frente al Parkinson, la adscripción de las matronas a los equipos básicos de profesionales de las unidades de atención primaria, el cribado del cáncer de colon para todos los andaluces o la creación de unidades de ictus en todos los hospitales.

Los incumplimientos afectan a todos los ámbitos de actuación de la Junta, como son la vivienda (no se ha puesto en marcha el Tribunal Arbitral andaluz para ejecuciones hipotecarias y desahucios ni aprobado el código ético para las instituciones financieras en Andalucía), infraestructuras (no existe la aprobada comisión de participación para la revisión del plan de infraestructuras de la Junta 2020), conflictos laborales que afectan a empresas andaluzas, o medidas concretas destinadas a mejorar las condiciones de vida de un colectivo que se aprueban entre aplausos de los afectados, con fotografía final incluida, pero que nunca cumple el Gobierno andaluz.

Las críticas y quejas constantes de los parlamentarios andaluces, —el PP ha censurado públicamente los incumplimientos en varias ocasiones y Ciudadanos ha llamado a plantearse en serio la utilidad de las proposiciones no de ley que se aprueban para nada— ha propiciado la creación de un foro donde están presentes todos los grupos parlamentarios y la Mesa del Parlamento con el fin de acotar la libertad del Gobierno andaluz.

La semana pasada, el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, citó a todos a un almuerzo para debatir cómo resolver este conflicto. La propuesta socialista pasa por acotar los asuntos que se aprueban en las mociones, pidiendo más concreción y medidas concretas con el objetivo (¿o es excusa?) de hacerla de más fácil cumplimiento para el Ejecutivo.

Ciudadanos comparte este espíritu pero otros grupos, como el PP, IU o Podemos, han mostrado sus reticencias . No quieren que se convierta en un cortapisas para su libertad parlamentaria. Una de las propuestas pasa por crear una comisión que controle el cumplimiento de las mociones por el Gobierno pero ello obligaría a modificar el reglamento. Un larguísimo proceso que se cumplirá o no.