La «Operación Karlos» se salda con 28 detenidos y 10 imputados por fraude a la Seguridad Social

Según informó a Europa Press el Instituto Armado en un comunicado, las investigaciones se iniciaron en el mes de octubre del pasado año, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que una persona identificada cómo C. C. M. , podría encontrarse implicada en una trama organizada dedicada a la concesión de pensiones por incapacidades laborales mediante procedimientos ilegales, pudiendo estar encargado de captar a personas interesadas en obtenerla de dicha forma.

Tras las primeras investigaciones, constataron que esta persona contaba con la connivencia de un inspector médico (F. C. P. L. ), que se apoyaba en determinados facultativos, tanto de atención primaria como especialistas, para expedir bajas e informes médicos falsos e incorporarlos a la documentación necesaria para iniciar el expediente de incapacidad laboral o por accidente, encargándose de supervisar estos documentos mediante cobro de dinero.

Además, según la Guardia Civil, informes médicos emitidos por especialistas han podido incluso ser falsificados por alguno de los facultativos implicados. Para ello, los interesados abonaban cantidades que oscilaba entre los 9. 000 y los 24. 000 euros, con el fin de beneficiarse de estas pensiones fraudulentas.

En los casos en los que el beneficiario carecía de dinero, los dirigentes de esta trama le facilitaban una póliza a través de entidades bancarias, que posteriormente era abonada al banco una vez concedida la pensión.

Así, una vez recibido el dinero o parte del mismo, C. C. M. instaba a los aspirantes a dicha prestación que residen fuera de la ciudad de Cádiz a que fijaran su domicilio en esta ciudad, ofreciendo direcciones de familiares del propio C. C. M. y de un facultativo implicado en la trama, al objeto de que el Inspector Médico F. C. P. L, asignado al área de la Bahía de Cádiz, pudiera emitir su informe favorable.

Para ello, previamente el candidato a la pensión debía de estar de baja médica por su facultativo de cabecera, por un especialista o haber sido atendido de urgencias en un centro hospitalario.

En la mayoría de los casos investigados, los médicos de atención primaria y especialistas han sido los mismos, todos ellos vinculados y captados por F. C. P. L. Además, varios de estos médicos pertenecían a mutuas, que buscaban un beneficio propio como contraprestación a su actuación delictiva y, paralelamente, pretendían obtener contratos con las empresas dirigidas por el propio C. C. M. a cambio de involucrar a algún médico (en uno de los casos a su propia esposa) para que facilitara las bajas a varios aspirantes a las referidas prestaciones.

La mayoría de los beneficiarios que obtuvieron o intentaron obtener estas pensiones por incapacidad laboral son de la comarca de la sierra gaditana, donde uno de los principales dirigentes de esta organización está muy vinculado.

La Guardia Civil indicó que algunos de los beneficiarios de la invalidez desconocían el mecanismo de obtención de una pensión por incapacidad laboral, ya que muchos de ellos están realmente enfermos y lo podrían haber solicitado por el procedimiento establecido y por tanto sin coste alguno al Ministerio de Trabajo a través del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI).