La «nula» documentación de los ERE Andalucía: la Junta concedió 8,4 millones de euros sin papeles

La participación de los peritos de la Intervención General, una vez, generaba expectación en la vista oral. Durante el juicio de la pieza principal se convirtieron en protagonistas al declarar a lo largo de casi un mes, con el perito Ángel Turrión como portavoz. Junto a Eduardo Vilaseca y Rosa María Hernández, Turrión ha respondido este martes a las preguntas de la fiscal anticorrupción , a los letrados de la Junta y del PP-A y la defensa de Ángel Rodríguez de la Borbolla, quien se sienta en el banquillo junto a Sotero Martín, actual alcalde de este municipio de la Sierra Norte , también del PSOE; dos empresarios y un empleado de banca.

La primera pregunta de la representante del Ministerio Público ha sido referente a la documentación existente sobre los 8,4 millones de euros en subvenciones del 'fondo de reptiles' concedidas a cinco empresas de este entramado: Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera.

La documentación era «prácticamente nula» , según Turrión, que ha especificado que únicamente han podido analizar algunos convenios entre la Dirección General de Trabajo y el Instituto de Fomento de Andalucía (posterior Agencia IDEA) para la concesión de la ayuda o dos memorias «sin firmar ni fechar».

Ha insistido en que era «escasa». « No existe solicitud de las subvenciones, ni compromiso del beneficiario, ni un papel de concesión , ni justificación de la actividad subvencionada, ni una actuación de la Junta para controlar el gasto del dinero», ha precisado el perito, que como denominador común de las decenas de ayudas analizadas por mandato del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla está la «indefinición» del objeto de la ayuda, o una descripción «muy genérica», hasta el punto de que no se puede considerar subvencionable, según el criterio de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), como es este caso, donde el objeto de la subvención «no está concreto». Los convenios entre la Dirección General de Trabajo y el IFA «no hace mención al objeto subvencionable».

Hay dos convenios correspondientes a dos ayudas de 1,2 millones de euros a Cortansa y a Corchos de Cazalla. «Dicen que serán para propiciar la fusión entre ambas empresas , lo que no se produjo», según Turrión. Eso fue en 2001. Tres años más tarde, las mismas empresas reciben 600.000 euros cada uno con el mismo fin: «propiciar la fusión definitiva, un objeto difuso que no llegó a producirse». "Ni una sola mención se hace al empleo en el plan de viabilidad" que existe entre la documentación.

Además, según los peritos de la IGAE, las cantidades otorgadas por la Junta de Andalucía a las empresas vinculadas al exalcalde socialista de Cazalla, hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla , no tienen justificación.

La fiscal ha cuestionado a los peritos si estas ayudas podían ser subvenciones incondicionadas, a lo que Turrión ha respondido que son dos términos incompatibles. Una subvención «tiene que tener una finalidad».

A preguntas de la abogada de la Junta de Andalucía, el perito Ángel Turrión ha explicado que de la poca documentación existentes en los expedientes de estas ayudas «aparecen deudas (de las empresas beneficiarias) con la Tesorería de la Seguridad Social » y ha apuntado que « parte de las subvenciones se usaron» para saldar esas deudas , aunque ha insistido en que no hay papeles sobre el destino dados a los fondos. «Lo ignoramos», ha insistido, añadiendo que un fin de las ayudas no puede ser el pago de deudas a proveedores, tampoco.

El momento más tenso de la intervención de los peritos ha llegado con el interrogatorio del abogado de Ángel Rodríguez de la Borbolla, el letrado Adolfo Cuéllar, que ha provocado la insistente intervención del presidente del tribunal, el magistrado Carlos Lledó.

Turrión ha explicado que de las 270 ayudas de los ERE concedidas por los gobiernos socialista en una década a empresas , el 30 por ciento eran para afrontar expedientes de regulación de empleo y el 70 por ciento para otros fines. En este sentido, ha asegurado que entre las ayudas concedidas a las empresas del exalcalde socialista de Cazalla «no había ninguna sociolaboral».

El perito ha aclarado que los beneficiarios no tenían que conocer el procedimiento interno usado para la concesión de las ayudas de los ERE en la Consejería de Empleo, si bien "debía conocer que el procedimiento administrativo, que tenía obligaciones ante la administración , que tenía que justificar el importe subvencionado, que tenía que verificar el cumplimiento de la subvención. Sus obligaciones".

Ha concluido que "normalmente ocurre con mucha frecuencia" que en este caso de los ERE exista falta de expedientes administrativos en las ayudas concedidas.

El plan de viabilidad existente entre la "escasa" de documentación de estas ayudas y el plan de concertación alcanzado en 2001 entre la Junta y los agentes sociales han sido los mayores puntos de fricción entre la defensa de Rodríguez de la Borbolla y el perito, que ha asegurado que el exalcalde y empresario conocía el convenio firmado entre la Dirección General de Trabajo y el IFA, al tiempo que ha afirmado que en este caso hubo "cierta prisa" por la concesión de las ayudas , porque algunos convenios se firmaron uno o tres días después de la firma del convenio marcado firmado el 17 de julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA para "supuestamente" dar cobertura legal a estas ayudas.

En este juicio, donde este miércoles comienzan a declarar los acusados, la Fiscalía pide siete años de cárcel para Ángel Rodríguez de la Borbolla. Los otros acusados, el coadministrador de las empresas R.B.M.; un empresario portugués de la industria del corcho y administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como F.P.M.O.; y Sotero Manuel Martín Barrero, actual alcalde socialista de Cazalla de la Sierra, como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas, se enfrentan a seis años de cárcel. El quinto procesado es un responsable de una entidad bancaria identificado, G.C.E., al que la Fiscalía pide cuatro años.