El nuevo diálogo social en la Junta de Andalucía: igual partitura y distinto compás

Lo que no faltó fue implicación al máximo nivel. El propio presidente del Gobierno, Juanma Moreno (PP), reconoció que al diálogo social necesita rodaje y encontrar el tono adecuado. «Tenemos que buscar una metodología de diálogo» tras casi 37 años de hegemonía socialista en Andalucía, dijo.

La firma de los anteriores acuerdos de concertación entre sindicatos, patronal y Gobierno eran una fiesta. La Junta se aseguraba la paz social en la comunidad a costa de destinar millones de euros a las organizaciones sociales y empresariales con el objetivo de reactivar la economía, pero con resultados cuestionables. El nuevo Gobierno del PP y Ciudadanos busca su propia partitura, sin dejar de expresar que su «máximo interés» y «principal voluntad» pasan por preservar la «paz social» para garantizar la estabilidad institucional en un tiempo marcado por las turbulencias políticas, con un gobierno de distinto signo en Madrid.

Como muestra de ese «compromiso», en su primera comparecencia pública del año, Moreno presidió la reunión de una mesa en la que se sentaron las máximos responsables sindicales, Carmen Castilla (UGT) y Nuria López (CCOO) ; el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, y tres consejeros: Elías Bendodo (Presidencia) , Rogelio Velasco (Economía) y Rocío Blanco (Empleo).

El jefe del Ejecutivo tomó nota durante la reunión de las demandas que realizaron sus interlocutores para bajar la elevada tasa de desempleo (21,8 por ciento), combatir la precariedad y la siniestralidad laboral y reforzar su participación en las reformas. González de Lara repitió varias veces su «palabra mágica»: «confianza», para reivindicar la negociación colectiva, que ha permitido aumentar de media un 2% los salarios de 1,75 millones de trabajadores acogidos a convenios laborales. «Si no existe el diálogo social, no existe la paz social y no seremos un territorio competitivo», proclamó.

Pero algunas palmas sonaron desacompasadas. La secretaria general de CCOO mostró su «enorme preocupación por el deterioro de la sanidad, educación y dependencia». Fue las más beligerante, tal vez porque tiene menos cuentas –y reintegros de ayudas – pendientes con la administración. «Al diálogo social le está costando arrancar. Hoy no podemos presentar ningún acuerdo que concrete todas las cosas de las que hemos hablado», lamentó.

Carmen Castilla (UGT) echó un capote a Moreno y admitió que la congelación de la tasa de reposición en 2012 fue «nefasta» y ello ha provocado un envejecimiento de las plantillas de sanitarios y docentes. La herencia recibida es un lastre. Ambas dirigentes sindicales invocaron el pacto de las cláusulas sociales firmado en la etapa de Susana Díaz y mostraron su inquietud por las «licitaciones de contratos públicos a la baja» porque empeoran las condiciones laborales.

Moreno puso deberes a sus consejeros de Salud y Educación, Jesús Aguirre (PP) y Javier Imbroda (Cs), respectivamente. Ante las quejas de los sindicatos, admitió que existe «un amplio margen de mejora» en la interlocución con los agentes sociales y económicos precisamente en dos materias sensibles, la sanidad y educación, abonadas a la conflictividad social desde siempre.