La norma obligaba a los letrados de la Junta a «asegurar» en el caso ERE la responsabilidad subsidiaria de los acusados

La salida de la Junta como acusación del caso ERE , a pesar de ser parte perjudicada, evitó que los exaltos cargos acusados de malversación tuvieran que depositar avales millonarios para afrontar las responsabilidades civiles que la sentencia habría ahora delimitado ordenando el embargo de sus bienes.

El Gobierno andaluz no ha mostrado hasta el momento documento que acredite la adopción de esta decisión por parte del Consejo de Gobierno o de algún consejero en 2016. Según señaló a ABC Victoria Gálvez , una de las letradas de la Junta que presentó las conclusiones provisionales, el sobreseimiento se tomó por criterio jurídico y no político.

El Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía especifica en su artículo 41 que «el ejercicio de acciones, incluyendo la presentación de querellas, por parte del Gabinete Jurídico, requerirá autorización del Consejo de Gobierno », también «para desistir de aquéllas o apartarse de éstas».

El referido Relgamento, es claro en su artículo 70, específico sobre procesos penales «en los que la Administración de la Junta de Andalucía sea perjudicada», cuando expresa que el Letrado de la Junta pondrá «especial cuidado» en que se aseguren « todas las responsabilidades pecuniarias que deban imponerse , dirigiéndose en su caso contra los que subsidiariamente sean responsables.

El mismo texto legal apunta unas condiciones muy específicas para que los abogados de la Junta puedan ejercitar por sí mismos un cambio de ese calibre en una causa. El artículo 72 apunta que los Letrados de la Junta de Andalucía, en toda clase de juicios, podrán, «bajo su responsabilidad» , modificar las conclusiones provisionales que hubiesen formulado «cuando el resultado del juicio lo impusiere o retirar la acusación si en el acto del juicio apareciese probada la exención de responsabilidad de los acusados ».

El actual Gobierno andaluz no se ha manifestado hasta el momento sobre si va a iniciar una investigación para exigir responsabilidades de algún tipo en relación a la extraña decisión que en 2016 adotó la Junta, a pesar de reconocer que aquella decisión va a generar menoscabo de los fondos públicos de la propia Junta de Andalucía dada la dificultad que tiene tramitar ahora la responsabilidad civil de los condenados. Tras permanecer en la causa durante toda la instrucción, los letrados de la Junta desistieron de presentarse como acusación en el juicio por corrupción más importante de Andalucía que culminó en una rotunda sentencia condenatoria para los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y 17 ex altos cargos de la Junta de Andalucía.