«No somos enchufados de la Junta de Andalucía, llámanos subrogados»

En este empeño, los representantes de este personal laboral no fijo empapelaron en abril hasta los ascensores de sedes del SAE con panfletos para recoger firmas contra ABC por informar de las sentencias que piden el cese inmediato de las tareas propias de funcionarios que están desempeñando.Al nuevo Gobierno del PP y Cs les lanzan un órdago: quieren que los haga fijos.

«El personal provienente de la extinta Faffe no ha sido enchufado en el SAE , hecho notoriamente inexacto, ya que dicho personal fue subrogado en el SAE», expone el escrito enviado a este periódico. En su petición de rectificación a ABC no aclaran cómo accedieron a su puesto en la fundación pública ni qué procesos selectivos superaron.

El único documento que arroja luz al respecto es una auditoría encargada a ATD Auditores por el anterior Gobierno, que reveló irregularidades en 8.844 contratos realizados en año y medio, entre 2009 y 2011. El exdirector general de la Faffe, Fernando Villén, aseguró a ABC que la principal vía de acceso era la presentación de un currículum y una entrevista. La misiva del personal «subrogado» se acompaña de 159 firmas de empleados de los 700 que hay en nómina actualmente en el SAE entre los servicios centrales, la dirección de Sevilla y las oficinas de Empleo,

En su cruzada, el comité de empresa de la agencia en Sevilla ha enviado cartas al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP); a la consejera de Empleo, Rocío Blanco (Ciudadanos) y al Defensor del Pueblo Andaluz para que «den expreso respaldo a tan injusta y discutida labor profesional de su personal propio» porque, aseguran, les están «estigmatizando».

Entre los que estampan su firma contra la calificación de «enchufados» está Francisco Aguilera Acevedo, ex alcalde socialista de Montellano, colocado en la Faffe en 2003 y actual trabajador del SAE. Fue catalogado como «personal no cualificado y que no desarrollaría tareas productivas » en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso Faffe, que investiga el desvío de ayudas para formación —su principal fuente de financiación— y el uso de tarjetas oficiales para pagos en prostíbulos.

Hasta seis antiguos compañeros de Aguilera que prestaron declaración ante los agentes de la UCO confirmaron que la mayor parte del horario de trabajo en la Faffe lo ocupaba durmiendo y leyendo la prensa . Eso sí, cobraba religiosamente un sueldo de 2.200 euros al mes.

ABC se ha hecho eco de recientes sentencias como la del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Sevilla, que ordenó el cese inmediato de la gestión de subvenciones por parte de este personal, y otra del Supremo que incide en lo mismo.

A esta campaña contra el periódico se han sumado, con sus firmas, otros excargos del PSOE que siguen trabajando en la Junta, como María Isabel Crespo Blázquez, miembro del PSOE de Sanlúcar la Mayor ; la exregidora de Coria del Río, Manuela Romero Franco; María del Pilar Benítez Díaz, excandidata sociaslita de Alcalá de Guadaíra; un hijo del exalcalde de Valverde del Camino, además de María del Rocío Sayago Gómez , que trabajó como secretaria adjunta de Francisco Javier Guerrero, que daba las ayudas de los ERE. La exsecretaria de Guerrero se incorporó a la Faffe el 8 de julio de 2010 y diez meses después recaló en el SAE.

En la Faffe acabaron trabajando al menos 200 cargos con vínculos con el PSOE, además de hijos , cuñados, conocidos del partido y de sindicatos como UGT, algunos «con tareas improductivas», según la UCO. Ni en 2011 ni ahora se definen las tareas asignadas a este personal, pero este detalle no supuso ningún impedimento para que la operación se consumara.

El Gobierno de José Antonio Griñán disolvió la fundación en 2011 pero mantuvo en nómina a sus 1.667 empleados . La agencia se convirtió así en empleadora de todo el personal laboral contratado en un ente, cuya gestión está jalonada de irregularidades. El SAE los catalogó como «personal laboral propio no fijo». No pueden hacer tareas reservadas a funcionarios, pero en la práctica están tramitando ayudas de manera irregular, según han denunciado el Sindicato Andaluz de Funcionarios y CSIF.