Roberto Macías: «UGT no devuelve 41 millones pero a mí me reclama 60.000 euros»

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, declaró hace pocas semanas que los «alertadores» de la corrupción están desprotegidos y desamparados en España. ¿Usted lo ha sufrido en primera persona?

Yo siempre pienso en la canción de Joaquín Sabina que dice «que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena». En España ser valiente sale muy caro porque no hay una ley integral que proteja a los denunciantes de corrupción. Lleva dos años paralizada. Lo que viene a decir el fiscal jefe Anticorrupción es que si tienes el valor y arrojo, denuncia, pero te avisa de que puedes ser el cabeza de turco de un sistema. Yo lo veo grave porque no se favorece la denuncia ciudadana.

Citando la letra de Sabina, ¿le ha salido muy caro denunciar?

Me ha costado ser estigmatizado socialmente. Entré en una especie de lista negra que lleva a que ninguna empresa quiera contratarte. He estado en una situación casi de miseria y hemos pasado mucha hambre en casa mientras los responsables de este presunto fraude seguían amparados por una organización que se dice defensora de los derechos de los trabajadores. Han sido cinco años de auténtico calvario, porque enfrentarse a la maquinaria judicial acarrea gastos que no puede afrontar un humilde trabajador. Por poner un ejemplo, el contra informe pericial para defenderme de esta acusación infame me costó 900 euros.

Usted fue administrativo del departamento de compras de UGT Andalucía desde 2006 hasta noviembre de 2012, cuando el sindicato lo despidió. Declaró como testigo en la causa abierta por supuesta financiación irregular del sindicato con subvenciones para cursos de formación. ¿Cuál era el modus operandi?

Yo soy testigo contra la UGT desde el 15 de enero de 2014, según consta en una diligencia de la juez Mercedes Alaya. Me cita a testificar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para informar sobre las vías de financiación ilegales del sindicato. Yo he trabajado en su central de compras durante seis años y es cuando la organización implementa una realidad contable paralela o artificio financiero para inflar facturas y cobrarles mordidas a los proveedores. Esto se conoce como la gestión de botes, que consistía en que el sindicato compraba posiblemente mil CD y la factura ponía 10.000. Con este excedente de dinero público desviado, el sindicato incrementaba sus botes para utilizarlo en cualquier fin. La otra operativa que expliqué a la UCO es que el sindicato exigía a proveedores de confianza que devolvieran parte de la facturación.

¿Qué le parece que usted tenga ya fijado el juicio y aún no hayan declarado algunos de los principales investigados por la supuesta financiación irregular del sindicato?

Me parece absurdo y kafkiano que a quien la Fiscalía señala como cerebro de la presunta trama, que es el exsecretario general de UGT-A Manuel Pastrana, ni siquiera se le haya tomado declaración como imputado, y yo me tenga que sentar en el banquillo el próximo 28 de noviembre para responder de un presunto delito de revelación de secretos que podré demostrar que se me atribuye sin ningún tipo de garantía y borrando el rastro.

¿Que pruebas tienen contra usted?

La UGT-A ha presentado tres pruebas que se obtuvieron con posterioridad a mi despido el 28 de noviembre de 2012. La Audiencia de Sevilla dice que es materialmente imposible que yo haya sido el autor de esa revelación. Sobre el resto de documentos, no se viola la esfera personal de nadie. Es una acusación súper endeble. Me están sometiendo a la pena de banquillo, que consiste en castigar a una persona que se considera su enemigo.

¿Por qué ningún trabajador de UGT alertó de las prácticas a las que alude?

Por miedo. En las comparecencias en el Parlamento asturiano, otros trabajadores de este sindicato declararon que no denunciaron por miedo. La UGT tenía en ese periodo una íntima relación con la Junta de Andalucía, y ninguna persona en su sano juicio iba a testificar y denunciar a una organización tan poderosa. Sólo hay que ver lo que le ha ocurrido a los testigos Teodoro Montes (caso Formación) o María José Rofa (caso ERE), que tuvieron el coraje de testificar y han sido atropellados por la Junta.

Un perito judicial cifró en más de 41 millones el dinero imputado irregularmente por la UGT-A a ayudas para cursos de formación. ¿Cree que la Junta de Andalucía está haciendo todo lo posible para recuperarlo?

Desconozco si se ha podido recuperar algo. Desde hace tres años no informa del dinero que le reclama. Hay una opacidad total. No entiendo por qué el nuevo Gobierno no lo hace público. Mucho me temo que de los 41,7 millones de euros que se le reclama por la vía penal, no se va a recuper nada. La UGT-A no devuelve el dinero y a un trabajador humilde le reclaman 60.000 euros por los daños posibles que les haya causado.