Muere Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados del caso ERE

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Su cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla para hacerle una autopsia, aunque todo apunta a que un infarto apagó la vida del que fuera director general de Trabajo de la Junta de Andalucía. Hasta hace pocos días era visto en los bares de la avenida de la Buhaira de la capital sevillana, de los que era un cliente asiduo. Empezó a encontrarse mal durante la pasada madrugada, con dificultad para respirar, según informaron sus allegados.

Francisco Javier Guerrero (El Pedroso, Sevilla, 1956) ha sido alcalde socialista de su pueblo entre 1995 y 1999 por el PSOE, antes de desembarcar en la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía, cargo que ocupó entre 1999 y 2008 y por el que fue condenado en el caso ERE.

Desde su despacho oficial, Guerrero dispuso a su voluntad de un fondo de 647 millones de euros con el que repartía las ayudas sin límite presupuestario y sin control de los interventores de la Junta de Andalucía que dieron origen a l caso ERE , uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de Andalucía, por el que fueron condenados dos expresidentes de la Junta de Andalucía.

Cuando abandonaba la sede de la Junta por la tarde, el bar del barrio sevillano de Nervión conocido como Caramelo se convertía en una prolongación de su despacho . Con una copa de balón de gin-tonic en la mano y un cigarro Marlboro en los labios, Guerrero negociaba y repartía ayudas entre alcaldes, amigos abogados, empresarios y conseguidores que como Lanzas se paseaba por la Dirección General de Trabajo como si fuera su casa. Nunca o, casi nunca, decía que no.

Guerrero era el brazo ejecutor de la trama de los ERE, pero según la sentencia que dictó el tribunal que lo juzgó no fue su ideólogo . Consiguió sobrevivir a tres consejeros (Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández) y se mantuvo en el cargo hasta nueve años antes de caer en desgracia. Es algo que, se quejó siempre, no le agradecieron en el PSOE. De hecho, el Gobierno andaluz de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán -ambos condenados por el caso ERE y pendientes de un recurso en el Supremo- situaron a Guerrero como uno de los «cuatro golfos» que causaron el caso ERE para eludir sus responsabilidades.

Los expresidentes socialistas trataron de endosarles las culpas a Guerrero y al exinterventor general de la Junta Manuel Gómez, que salió absuelto en el juicio de la llamada pieza política junto con el antiguo jefe del Gabinete Jurídico. La sentencia de los ERE echó por tierra esta teoría al inculpar a 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, incluidos sus dos máximos responsables.

El propio Javier Guerrero fue sentenciado a 7 años y 11 meses de prisión por sendos delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos públicos y fue el único ex alto cargo que ha entrado dos veces en prisión por el supuesto fraude de los ERE. Pero su periplo judicial no había terminado.

Guerrero estaba pendiente de sentarse en el banquillo de los acusados por las ayudas irregulares por importe de 1,47 millones concedidas a empresas sin actividad vinculadas a su chófer Juan Francisco Trujillo . Desde 2011, cuando la juez Mercedes Alaya, inició la instrucción del caso ERE, los juzgados del Prado de San Sebastián en Sevilla se habían convertido casi en su segunda casa.

La parca sorprendió a Guerrero a sus 63 años y tan sólo diez meses después de jubilarse y dedicado con devoción a su nieta de tres años, que nació justo cuando era juzgado en la Audiencia Provincial de Sevilla por la pieza del procedimiento específico del caso ERE, mascarón de proa de todo el proceso.

En mayo de 2019 fue condenado en el caso Umax por crear «una estructura administrativa paralela» en la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo por la que se contrató a trabajadores de la empresa Umax para hacer tareas propias de funcionarios. Muchos de ellos tenían relación «de amistad y vecindad» con los ex directores generales Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, según el tribunal. Fue condenado por ello a 5 años y 9 meses de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta.

En diciembre pasado el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla abrió otras diligencias contra Chaves, Gaspar Zarrías y el propio Guerrero por la concesión de un préstamo-puente de 5,8 millones de euros a Campocarne , filial de Campofrío, para adquirir esta fábrica, crédito que fue validado por el Consejo de Gobierno en 1999 y que «nunca iba a ser cobrado»

Los intrusos, la cocaína —que, según su chófer, le compraba con dinero de las ayudas y que Guerrero siempre negó haber probado—, el piano que le regaló su chófer; la suegra, el taquillero de la piscina y el churrero del pueblo incluidos como polizones en ERE de empresas donde no habían trabajado nunca; los viajes a China y Egipto con su inseparable amigo Juan Lanzas y las mujeres de ambos... son episodios que describen sin necesidad de literatura la peculiar personalidad de Guerrero y su trayectoria.

Guerrero acuñó algunos de los términos que han quedado asociados para siempre a este escándalo. A los beneficiarios de ayudas los llamaba «criaturas necesitadas de ayuda sociolaboral». En su primera declaración ante la Policía bautizó la partida 31-L como «un fondo de reptiles para crisis que tenían que afrontar empresas que necesitaban respirar ». Luego se arrepintió de haber empleado una expresión que les había escuchado en su infancia a las mujeres que les cogían «algún dinerillo del sueldo» a sus maridos que escondían bajo las sábanas.

En sus últimos años, el exdirigente socialista amagó varias veces con tirar de la manta que encubría a sus superiores jerárquicos en el diseño de los supuestos desmanes. Pero las amenazas jamás se cumplieron . Desde ahora esos secretos inconfesables descansarán con él para siempre.