«Nos movilizaremos si la Junta de Andalucía protege los chiringuitos y a los enchufados»

La Junta defiende que ha desmantelado 101 organismos públicos , de los cuales eran 82 antiguas unidades territoriales de empleo, cuyo proceso de extinción inició el Gobierno del PSOE en 2010. Desde enero sólo ha prescindido del investigador y exministro Bernat Soria y del director del Centro Cabimer, Shomi Bhattacharya. El primero por ocultar sus negocios privados y el segundo, por permitir que un subordinado cobrara sin trabajar.

Para la nueva Junta, éstos son casos aislados y descarta «despidos ideológicos», porque considera que hay muchas personas que realizan funciones «valiosas» en la tupida «red paralela».

El acuerdo suscrito con Vox el pasado viernes, que propició que el partido de Santiago Abascal levantara en el último minuto su veto a las primeras cuentas del Gobierno del PP y Ciudadano, va en esa línea. De hecho, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Cs), negó que el pacto abra la puerta a despidos en la «administración paralela» de la Junta: «Hablamos de racionalización, de poner las cosas en su sitio, de redimensionar el sector público, de eliminar trabas y duplicidades», matizaba el viernes.

En su punto 18, el acuerdo con Vox apuesta por « integrar sus habilidades profesionales para agilizar la tramitación de los procedimientos administrativos desarrollados en las diferentes consejerías». En paralelo, compromete al bipartito a contratar auditorías privadas para abordar «la reducción o reorganización de funciones de dichos entes o del personal asignado a los mismos».

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), mayoritario en la administración general, está indignado. En un comunicado remitido a ABC, el presidente de este colectivo, Carlos Sánchez, asegura que el acuerdo firmado por el PP, Cs y Vox «santifica el enchufismo» . «No es cierto que se esté desmantelando la administración paralela, podrán engañar a los ciudadanos, pero no a los funcionarios de la Junta: miles de “enchufados” cambiarán de centro de trabajo, convertidos dichos centros en “entes de acogida”», alega.

Desde SAF instan al Ejecutivo a apostar por los funcionarios y «no desvivirse por los “subrogados enchufados” ». Asegura que estarán vigilantes y que «no les va a temblar el pulso para acudir a la Fiscalía o al Juzgado» si este personal «usurpa potestades públicas».

Para Sánchez, es «una auténtica vergüenza en una comunidad autónoma con 800.000 desempleados » que se trate de asignar tareas administrativa a personal que «no puede ejercer potestades públicas de ningún tipo». «Este acuerdo lo único que hace es encubrir la participación de este personal en el desempeño de dichas potestades públicas y esta forma de actuación nos recuerda a la mantenida por el gobierno socialista y que ha supuesto la creación, aumento y mantenimiento de la administración paralela», denuncia.

«Estamos ante una declaración de guerra en contra de los funcionarios y la administración constitucional», concluye. El SAF amenaza con protestas y movilizaciones si se pretende « proteger al entramado de chiringuitos y a los miles de “enchufados” que pululan por los mismos».