Montero reclama ajustes presupuestarios a la Junta de Andalucía por deudas que dejó el gobierno del PSOE

El pasado 27 de septiembre, la actual secretaria de Estado de Hacienda, que hasta junio de 2018 ocupaba la Secretaría General de Finanzas y Sostenibilidad en la Junta de Andalucía, Inés María Bardón Rafael , envió una carta al consejero de Hacienda, Juan Bravo Baena (PP), en la que le conminaba a «formular un plan económico-financiero que permita en el año en curso y en el siguiente el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto».

En la misiva, la responsable de Hacienda indicaba al consejero que «deberá ajustar la sobrefinanciación del objetivo de déficit en que ha incurrido a la largo de 2018, según los datos provisionales» con el fin de rebajar el nivel de endeudamiento . Según el Banco de España, la Junta de Andalucía tenía al 31 de diciembre de 2018 una deuda pública de 35.409 millones (un 3% más que el año anterior), pero ese dato incluye la deuda de la Junta, de parte de las universidades andaluzas y de las agencias autonómicas.

La secretaria de Estado recuerda que el objetivo de déficit fijado para las comunidades autónomas se ha incumplido, porque no debía superar el 0,4 por ciento del PIB regional y ha alcanzado el 0,51 por ciento. Para la subordinada de Montero, según los datos provisionales de cierre de 2018, la desviación «se ha producido con posterioridad al mes de abril de 2019 , puesto que en el informe inicial, en virtud del artículo 17.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no había desviación respecto del objetivo». Este desfase, argumenta, se ha producido desde mayo a julio de 2019, «aportando obligaciones añadidas al ejercicio 2018, por importe de 151 millones de euros».

En la carta, el Ministerio también anuncia que va a resolver la falta de liquidez de Andalucía, una de las autonomías peor tratadas por el modelo de financiación autonómica, se realizará una aportación extra del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que llegará a 867,62 millones en el caso de la comunidad valenciana , gobernada por el socialista Ximo Puig, y 451 millones para Andalucía, según anunció el Ministerio en una nota de prensa enviada a los medios de comunicación el 3 de octubre pasado.

Un día antes, el 2 de octubre, en su respuesta por escrito a la secretaria de Estado de Hacienda, el consejero andaluz de Hacienda había dejado claro que no pensaba acogerse al denominado FLA porque Andalucía « no necesita incrementar su endeudamiento », con el pago de intereses que lleva aparejado. Pese a ello, el Ministerio publicó la asignación prevista para Andalucía y «condicionada a la posterior por parte de la comunidad autónoma».

Lo que procede, apostilló Bravo, es que el Estado libere los fondos que le corresponden a Andalucía en concepto de entregas a cuenta correspondientes al ejercicio de 2019. La Junta cuantifica estos fondos pendientes de recibir en 1.350 millones de euros ya recaudados que no se transfieren a Andalucía.

Juan Bravo replica al Ministerio de María Jesús Montero que «el reajuste» al que se refiere en la carta la secretaria de Estado se debe al sobrecoste por el retraso en la construcción del Metro de Sevilla y a la «reclasificación en dicho ejercicio de la operación de concesión del Metro de Sevilla, por importe de 347 millones de euros y a «su imputación en contabilidad nacional dentro del déficit de 2018», aunque el gasto se había realidzado en ejercicios anteriores.

En este sentido, el consejero de Hacienda destaca que «durante 2019 se han hecho frente a pagos relacionados con litigios asociados a la mencionada concesión que, entiende esta Comunidad, conllevan el reajuste requerido de reducción de la deuda imputada».