Los monitores de salud mental del SAS piden que se les definan sus competencias

Luque especifica que más que un reconocimiento de su categoría laboral, ahora mismo sólo están por encima de los celadores, es por motivos de competencias. «Necesitamos saber exactamente cuáles son nuestras tareas específicas porque éstas no solamente varían en cada una de las ocho provincias andaluzas sino de un centro a otro en la misma«, se queja Luque.

El representante del colectivo de monitores explica que para ejercer su trabajo se necesita de graduado de ESO para arriba, «pero te encuentras con muchas personas que empezaron como voluntarios en una ONG, psiquiatras, psicólogos...» Ellos venían pidiendo una titulación específica del Ministerio de Educación y lo más que consiguieron es que se creara la figura de Técnico Superior en Integración Social. Este grado superior ha sido poco efectivo porque desde que 2018 que se aprobó por la Junta en manos del PSOE no se ha buscado una convalidación para los monitores sociales, cuando, según Luque, fueron ellos mismos los que prepararon el temario para las oposiciones a este 'cuerpo'. Se han reunido ahora con el Partido Popular, pero sólo han obtenido «buenas palabras» . Ellos defienden que son perfectamente compatibles ambas categorías, la de monitor y la de técnico. Entre otras cosas quieren protegerse para que no les tachen de intrusismo, como ha pasado ciertas veces.

La labor de un monitor de salud mental es bastante desconocida por la mayoría de los andaluces, pero tienen un contacto muy personal con los pacientes. Desde enseñarles a usar los transportes públicos, con un bonobus, o llevar una pequeña contabilidad para sus gastos corrientes de ropa, calzado o tabaco, hasta pasearlos por espacios abiertos para que tengan contacto con la naturaleza y adquieran hábitos saludables. Cada jornada con ellos queda reflejada en un 'parte' diario donde se anotan las incidencias. Otro de sus tareas es utilizar los recursos que la administración pone al servicio de los ciudadanos, sean estos una biblioteca pública, una sala para aprender nociones básicas de informáticas o un centro cívico para otras actividades.

Rafael Luque insiste varias veces que sus demandas no son solamente monetarias, apenas hay 90 euros de diferencia entre ser un monitor o un técnico superior , «sino tener un marco referencial, un mapa de competencias igual para toda Andalucía». Luque aboga además por tener más personal en las comunidades terapéuticas donde trabajan, tanto con ingresados que viven allí como los de las estancias diurnas. «Se dan casos de un solo monitor para 40 pacientes o incluso sin él en centros donde sólo hay agudos», concluye.