Miguel Ángel García: «Debemos acomodar a todo el personal del Servicio Andaluz de Empleo para que pueda trabajar»

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) sólo gestiona el 3% de las contrataciones, según revela la auditoría de la Junta. ¿Cómo van a hacer más útil una agencia que gasta 600 millones al año?

Es cierto que sólo ha intermediado en el 3% de las ofertas totales en el mercado laboral en Andalucía y, además, la mayor parte de ellas son contratos públicos. El sector privado es irrelevante. Es una de las deficiencias que hemos encontrado y vamos a trabajar en dos líneas para resolverlas: el perfilado estadístico y el tratamiento de las ofertas de vacantes. Por ejemplo, hemos eliminado el criterio de antigüedad del demandante como prevalente en las personas que se envían a las empresas porque habitualmente no son las más adecuadas. Porque al final las empresas no utilizaban el SAE. El siguiente paso es tener mejor información de los demandantes para proponer a quienes cumplen con las capacitaciones que requiere la oferta.

¿En qué consiste el perfilado estadístico que van a implantar?

Vamos a disponer de información de los demandantes en tres niveles (experiencia profesional, formación y disponibilidad) para emparejar las ofertas con sus capacidades. Más importante todavía es conocer la oferta productiva de cada lugar. Uno de los problemas que hemos detectado es que el personal del SAE pone buena voluntad, pero no tiene herramientas para dar respuesta al desempleado. Si uno no sabe cuál es el mercado laboral en su municipio, difícilmente puede asesorar a un trabajador. Andalucía va a ser pionera con este plan de intermediación y perfilado, que no lo hay en ninguna otra comunidad.

Las pymes y autónomos andaluces con deudas sin pagar durante la pandemia no han pedido ni la mitad de los 1.109 millones de ayudas estatales convocadas. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, ya alertó del «infierno» burocrático de acarrearían los requisitos establecidos. ¿Habrá que devolver 600 millones de euros al Estado si no se ejecutan?

El uso de los recursos está tasado por el Estado y no podemos cambiarlo. Sólo se pueden destinar a deudas y pagos a proveedores y acreedores generadas entre 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Se penaliza totalmente al empresario cumplidor.

¿No pueden aprovecharse estos fondos para otras medidas para paliar la crisis provocada por la pandemia?

No ha habido ni una sola reunión con el Ministerio de Economía. El presidente de la Junta ha enviado cartas a la ministra. Yo también he transmitido esta inquietud. La gestión es complejísima porque los solicitantes deben enviar información de un año antes. Eso es un infierno, como decía la consejera, que estamos intentando solucionar con imaginación, con técnicas novedosas de automatización y la lectura robotizada de facturas.

El Gobierno ha asignado a Andalucía 127,6 millones de la UE para políticas activas de empleo. Hay programas que ya venía realizando la Junta. ¿A qué se va a dedicar el dinero?

Vamos a hacer todo lo posible por ajustarnos a los criterios. El Gobierno ha decidido el destino sin consultarnos nada. Algunos programas ya los estamos desarrollando y en otros no hay universo para poder gastar, como el de mujeres objeto de violencia de género que vivan en regiones despobladas. Afortunadamente, no hay tantas. Hay que decir que nos tratan como una gestoría. El Gobierno decide dónde tiene que ir el dinero y encima las comunidades debemos asumir la responsabilidad del éxito o del fracaso.

La heterogénea plantilla es uno de los grandes problemas que arrastra el SAE identificados por los auditores. Está integrada por funcionarios y laborales, pero también por empleados procedentes de otros entes públicos como la extinta fundación Faffe que no tienen funciones ni tampoco potestades para tramitar subvenciones. ¿Cómo van a resolverlo?

Podemos encontrar funciones para todos de acuerdo a su estatus en el sector público a través del perfilado y de otros cambios que vamos a hacer. Los funcionarios se van a dedicar a tareas que requieren potestades administrativas. Y las personas que entraron con criterios de orientadores en los otros entes se pueden dedicar a orientar e intermediar. Nuestra obligación es buscar cómo acomodarlos, que cumplan una función y puedan trabajar.

¿Hacer despidos no es una opción que se baraje?

No puede despedirse a las personas así por las buenas. Tienen una sentencia firme que dice que son personal propio del SAE. Un despido requeriría una causa que fuera legal y una indemnización. Por tanto, en primera instancia lo que vamos a hacer es acomodar a estas personas a las nuevas funciones. Ahora hay un trabajo muy desarticulado.

Al cabo de seis años sin cursos de formación, han licitado los primeros. Desaparece el anterior modelo de subvenciones. ¿Esto ha resuelto los problemas de justificación de las ayudas?

Los problemas se han resuelto porque la forma de acceso y justificación es totalmente diferente. Ya no hay que presentar facturas. Estamos esperanzados en que va a funcionar bien, pero hace falta más tiempo. Diez años sin cursos en Andalucía han provocado una falta de tejido productivo. Hay licitaciones que se han quedado desiertas porque no hay empresas que cumplan los requisitos para hacer los cursos. Antes eran ellas las que decidían el contenido de la formación y eso también lo hemos cambiado. Ahora lo decidimos nosotros con los agentes sociales y las empresas.