La mayoría de los profesores de Andalucía ha sufrido alguna agresión dando clase

Al entrar en detalle en los datos hechos públicos por Csif con motivo de la celebración este jueves del Día contra la Violencia en la Escuela , se observa cómo la mayoría de las agresiones que sufren los profesores las cometen sus alumnos. Son el 51 por ciento de los casos. Pero también agreden los familiares de los niños -el 17 por ciento de las veces- y, en tres de cada diez ocasiones, son tanto el niño como su familia la que agrede de alguna forma al profesor.

Pero, ¿cómo es el perfil del alumno violento? La mayoría son mayores: casi en siete de cada diez episodios de agresiones el autor está en Secundaria. Pero en el 30 por ciento restante son niños de menos de 12 años los que violentan al docente, un dato que desde el sindicato Csif tachan de «tan significativo como preocupante».

La pandemia, señalan también en este estudio, no ha ayudado a relajar el ambiente en las aulas . De hecho, señalan el 92 por ciento de los docentes consultados, la práctica totalidad, durante la crisis del coronavirus han sentido estrés, angustia y hartazgo ».

Desde la Consejería de Educación y Deporte son conscientes de la realidad que se vive en las aulas, señalan. De hecho, el consejero Javier Imbroda señaló en el Parlamento andaluz durante la presentación de la Ley de Autoridad Docente el pasado febrero que «no quiere ser alarmista pero sería hipócrita si se niega que las agresiones a docentes han crecido de manera significativa en la última década».

Según detalló entonces Imbroda, durante el curso 2018/2019 hubo más de 12.600 agresiones en las aulas . Dos mil más que en el año anterior. Además, cuando en estos números se añaden los de injurias, vejaciones, humillaciones o coacciones , alcanzan 33.745, lo que supone un diez por ciento más que hace dos cursos. Estos datos, señaló el consejero, «como sociedad nos debe hacer reflexionar mucho».

La Ley de Autoridad Docente de Andalucía , aprobada este mismo año, busca además de reconocer la figura de autoridad pública a los docentes, garantizar la presunción de veracidad del profesor y dotarles con el derecho de pedir asistencia psicológica y jurídica en el caso de que sean víctimas de algún tipo de agresión.