Más letrados e interventores en la Junta de Andalucía para controlar los fondos europeos

Según la explicación oficial del Gobierno, la Intervención General se amplía para reforzar las funciones de auditoría de los fondos europeos «para dotarla de mayor solvencia y agilidad». Una decisión que se produce después de las críticas de la Comisión Europea a la gestión que hace Andalucía del dinero que le transfiere y de los informes negativos en este sentido.

Los nuevos interventores tendrán también otra ardua tarea: el control de las subvenciones que entrega la administración autonómica y para las que se han establecido más mecanismos de fiscalización después de los problemas que ha habido con los cursos de formación. Esta Intervención General es también la encargada de fiscalizar los gastos de la administración paralela. Susana Díaz no quiere ningún tipo de escándalo y por eso ha puesto en marcha más mecanismos de control de las cuentas públicas. La Intervención General depende de la Consejería de Hacienda y Administración Pública si bien la consejera titular, María Jesús Montero , insiste en defender su autonomía de funcionamiento.

El aumento de plantilla en el Gabinete Jurídico de la Junta también es revelador. Las 14 nuevas plazas que se han creado elevan la plantilla de este departamento hasta 160 personas, si bien todas no son letradas ya que hay personal administrativo que colabora en las tareas burocráticas.

El Gobierno destina más personal al Gabinete Jurídico por «el aumento del volumen de procedimientos judiciales en los que la Junta es parte», según consta en la explicación oficial que se ha ofrecido en esta decisión. El Ejecutivo andaluz ha explicado también que había un déficit de personal en este departamento y que las nuevas herramientas de gestión procesal, como el sistema de comunicaciones telemáticas Lexnet o el de información Infolex, han complicado los trámites antes los órganos judiciales.

El Gabinete Jurídico se encarga de la representación , asesoramiento y defensa en juicio de la Junta, sus agencias, el Consejo Consultivo y el Audiovisual, así como de los menores tutelados por la administración.