Más de 24.000 correos de la Faffe, bajo la lupa policial por los «enchufes» en la fundación de la Junta de Andalucía

En un oficio remitido en agosto al juzgado, los investigadores piden al magistrado que les autorice el acceso al contenido de estas comunicaciones, «si a bien lo tiene conceder», dentro de la investigación de los supuestos casos de enchufismo que proliferan en la entidad pública creada por la Junta de Andalucía para impartir formación a desempleados y trabajadores.

En un atestado anterior entregado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla sobre la Faffe, la UCO encontró a unos 200 empleados vinculados al PSOE y los sindicatos.

En el oficio fechado el 4 de agosto, al que ha accedido ABC, la Guardia Civil recuerda que ya solicitó al juzgado en 2017 la emisión de un mandamiento judicial «a fin de obtener la información y documentación de las cuentas de correo electrónico corporativo del personal de la Faffe , que pudiera haber intervenido en la contratación de empresas, personal y justificación de subvenciones».

Los agentes acaban de recibir el encargo del juez instructor para investigar a 85 contratados «por razones de clientelismo político o nepotismo», identificados por nombres y apellidos en una denuncia que interpuso el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) y que fue archivada tan sólo 48 horas después de que el juez de Instrucción número 16 de Sevilla abriera unas diligencias previas al no apreciar indicios delictivos.

En la lista facilitada al juzgado figuran los exalcaldes socialistas de las localidades sevillanas de Lebrija y Montellano, Antonio Torres y Francisco Aguilera Acevedo , y de Espejo, en Córdoba, Santiago Castro. También aparecen el cuñado, la esposa y un sobrino del exdirector general de la Faffe, Fernando Villén ; las hijas del alcalde de San Juan de Aznalfarache, Juan Ramón Troncoso, y de la alcaldesa de Gélgar, María Membrive; concejales del PSOE en Adamuz, Camas y Aguilar de la Frontera, así como familiares de los exconsejeros socialistas Luis Pizarro y Gaspar Zarrías.

La mayoría de contratados continúa trabajando para la Junta. En mayo de 2011 pasaron de la fundación Faffe al Servicio Andaluz de Empleo . A la Faffe, disuelta en el año 2011, se le concedieron 529,41 millones de euros, provenientes en su mayoría de subvenciones para cursos. De esta cuantía, se le pagaron 516.69 millones de euros.

Para completar el análisis de los correos corporativos que está llevando a cabo, el Grupo de Delincuencia Económica de la UCO considera «necesario» acceder al contenido de todas las comunicaciones del personal de la Faffe.

El objetivo es comprobar « si podría arrojar información de interés, indicios y/o elementos de prueba », se justifica. El juez comunicó a las partes esta petición para que formulen alegaciones.