Marifrán Carazo: «Andalucía perdió muchos proyectos de desarrollo por su maraña urbanística»

Su próximo reto es sacar adelante por vía de urgencia una nueva ley del suelo en Andalucía que unifique y simplifique la «maraña» de normas urbanísticas que, asegura, ha frenado el desarrollo de Andalucía. Habla de ella como si fuera la vacuna contra la otra crisis del coronavirus, la económica. Es su receta frente a los que ya desde su borrador la señalan como una fábrica de «pelotazos». La futura Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía , tiene, de momento, una abreviatura fácil de recordar.

Lo de la «LISTA», desde luego va a dar mucho juego a los que ya han recibido a la Ley con la sospecha de que va a facilitar pelotazos urbanísticos y generar otra burbuja inmobiliaria...

Bueno, la crítica de los sectores que han salido hablando de pelotazos y burbujas sin haber leído el texto, es decir, el PSOE y la izquierda más radical, me parecen irresponsables. Hay que estudiar el texto, tomar el pulso de los agentes sociales y luego hacer una valoración. No voy a aceptar desde luego consejo de quienes han sido responsables de burbujas inmobiliarias, del Algarrobico de los desmanes en Marbella en los tiempos del GIL o de las 300.000 viviendas irregulares que ahora hemos tenido que regular.

¿Por qué es necesaria esta ley?

Esta ley nace con la voluntad de revisar toda la norma en materia de ordenación del territorio de Andalucía que se encuentra en 235 textos legales. Esta maraña legal ha sido un freno para el desarrollo de Andalucía. Vamos a condesar en una dos leyes, una de 1994 y otra de 2002, pero que ha sufrido hasta once modificaciones. Vimos la urgencia en reformar esta materia con el objetivo de simplificar y reducir trámites y eso no es desregularizar, como dice la izquierda. Esta ley da toda la garantía jurídica porque precisamente la maraña existente no ofrecía ya garantías jurídicas a los ayuntamientos. Hoy tenemos 496 planes generales que han tenido que volver a la casilla de salida tras ocho o diez años de trámitación. Todos estos ayuntamientos, muchos de pequeños municipios, han perdido oportunidades de desarrollo. Esa izquierda que tanto dice quiere asentar población en el medio rural debería ver en esta ley la oportunidad de desarrollo de los municipios para desarrollar negocios e industria en suelo rústico no protegidos para asentar y atraer población.

Esta ley ha sido urgente para este gobierno desde el principio. El 7 de mayo de 2019 aprobamos iniciar el trámite de proyecto de ley. A partir de ahí hemos trabajado duro, retomando lo mejor del anteproyecto que dejó el Gobierno anterior y contando con un grupo de expertos que nos ha asesorado en la redacción del borrador. Hemos decidido el trámite de urgencia debido a la situación por la que estamos atravesando. El trámite parlamentario normal se alarga como mínimo dos años. Pero en este momento de crisis sanitaria, social y económica necesitamos acelerar una ley que va a generar nuevas oportunidades de desarrollo para Andalucía y va a dar seguridad . Dos años es demasiado. Tenemos una demanda social y no nos va a parar la izquierda ni el Gobierno de Pedro Sánchez, como lo ha intentado con el decreto de simplificación. Vamos a seguir adelante. El procedimiento de urgencia reduce a la mitad los trámites administrativos y no merma ni un minuto de participación, ni recorta los tramites de exposición pública o alegaciones. Este es el primer borrador, que aspiramos a mejorar con más propuestas de los agentes sociales a los que vamos a pedir participación. Esta próxima semana empezamos la presentación vía telemática con los empresarios y los colegios profesionales.

¿Cómo cambia el planeamiento?

Hemos querido flexibilizar el planeamiento para que sea más fácil de desarrollar el suelo con posterioridad. Se distingue entre plan de ordenación urbana que incluye la clasificación del suelo y un segundo plan municipal para desarrollarlo. Ahí queremos la implicación de la iniciativa privada, que aporte desde el principio en el desarrollo de la planificación y en la gestión. Va a ser más fácil no encontrarse con un planeamiento encorsetado y más sencillo para desarrollar proyectos. Son muchos los proyectos de desarrollo que se han quedado guardados en los cajones en los últimos años en Andalucía por dificultades con el urbanismo y con el planeamiento, demasiados y muy importantes que se han ido a otras comunidades y que eran claramente compatibles con el planeamiento y el medio ambiente y que se han ido porque no veían la luz por las dificultades que encontraban en su tramitación urbanística.

En lo práctico, para un empresario que busque una ubicación a su proyecto, ¿qué le asegura esta norma?

La facilidad de no encontrarse con un planeamiento encorsetado. Hasta ahora cualquier modificación del planeamiento podía alargarse una década. Tendrá un plan de ordenación más abierto y flexible que no obligará a modificaciones que se eternizan en el tiempo.

Cambiamos la clasificación. Solo habrá suelo urbano y suelo rústico. Nos adaptamos a la ley estatal y a partir de ahí el suelo rústico vamos a clasificarlo de cuatro formas distintas. Rústico especialmente protegido, rústico preservado por existencia de riesgo (inundaciones, deslizamientos...), rústico preservado por ordenación territorial (valor paisajístico, agrícola...) y rústico común, sin protección, susceptible de transformación urbana, al que creemos que se debe dar una oportunidad de desarrollo para que los municipios más pequeños también tengan oportunidades. Es una demanda que viene de hace tiempo sobre todo por los municipios más pequeños a los que tampoco se les trata por igual en la norma. No se puede tomar por igual a una gran población que a un pequeño municipio y eso quedará expedito en su planeamiento.

¿Eso tendrá repercusiones fiscales para los propietarios de ese suelo rústico recalificable?

No, en tanto no haya desarrollo de planes a segundo nivel cuando ya haya un desarrollo concreto de ese suelo. El suelo sigue siendo rústico.

¿Evitará esta ley desarrollos fracasados como los de tantos polígonos industriales urbanizados pero sin empresas en pueblos andaluces con suelos que quedan hipotecados?

Se evita al ser un plan más flexible. Cuando hay un interés real por desarrollar un suelo se pone en marcha un proyecto municipal para actuaciones extraordinarias en suelo rústico adaptado a los planes vigentes.

¿Por qué confía que será un impulso para el desarrollo económico?

El desarrollo urbanístico es una herramienta que favorece el desarrollo y la creación de empleo y ayuda a poner en marcha proyectos que antes se perdían precisamente por no contar los municipios con planeamiento para eso. Da seguridad jurídica.

¿No es muy optimista decir que con esta ley un planeamiento municipal se podrá aprobar en uno o dos años?

Dependerá de los informes sectoriales de las consejerías pero es el objetivo que nos hemos marcado. En otras comunidades y países es posible. Es necesario también un decidido impulso por parte de los Ayuntamientos y a veces no cuentan con los medios necesarios. Ahora será más fácil.

El borrador avanza también novedades en la ordenación del frente costero. ¿Entrará la ley en las controversias de la Ley de Costas sobre las propiedades legales que fueron transformadas en concesiones administrativas?

Esta ley protegerá el litoral y regulará el litoral por Ley. La anterior carecía de regulación y apenas hacía referencia al litoral. El anterior Gobierno aprobó un plan de litoral que también tumbaron los tribunales. La filosofía es que el litoral debe tener una protección, que situaciones como las que hemos visto en algunas zonas no pueden producirse que debe impedirlo una norma y que hay que marcar una estrategia portero con la protección que hace el Estado, tenemos que ir de la mano de la Ley de Costas. No irá más allá.

Nos amenazan nubarrones porque no contamos con un Gobierno de España que sea leal y favorezca los intereses de Andalucía. Sabemos lo importante que es el sector de la construcción como refugio de empleo. Por eso hemos avanzado en el borrador de la Ley de Suelo y en toda la tramitación administrativa para poder continuar con los procesos de licitación y sacarlos en tromba como hemos hecho en cuanto se ha levantado la restricciones a la contratación pública por el Estado, por valor de 115 millones de euros. Entre esos proyectos está la licitación de la ampliación del Metro de Sevilla en su tramo Norte, que quedó parado en la mesa de contratación. De ahora en adelante sabemos que la licitación de obra pública es fundamental. No hemos parado ninguna de las obras que teníamos en marcha, a diferencia de los que hizo el PSOE en la crisis de 2008 cuando decidió «reprogramar» las obras públicas de Andalucía, decisión por la que todavía esta Consejería esta pagando las consecuencias judiciales. Sólo en 2019 fueron 289 millones. Nuestra intención es dar continuidad a todas las obras que estaban en carga y buscar otras fórmulas como la colaboración público privada que debe ser ahora prioridad para todos, también para el Gobierno de España y para eso ya hemos reclamado modificaciones legales porque la actual norma dificulta mucho la obtención de beneficios a las empresas.