María Jesús Montero: «Andalucía es la región que paga antes a todos sus proveedores»

Así lo ha explicado este lunes la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero , que aseguraba que «Andalucía es la comunidad de régimen común que paga antes a todos sus proveedores», dos días antes de lo que marca la normativa de morosidad del Gobierno, y en el sector sanitario, 17 días antes y 36 días antes que la media de las comunidades autónomas.

Según Montero, las empresas han cobrado en una media de seis días , «muy por debajo de los veinte días comprometidos», y no se ha activado el derecho de garantía ante las entidades financieras.

En los ámbitos de salud, educación y servicios sociales se han tramitado un millón de facturas y se han garantizado pagos por 4.318 millones, de los que el 52 % correspondieron a proveedores del sector sanitario, el 27 % de educación y el 22% de servicios sociales.

Casi dos tercios de los pagos (57 %) se destinaron a financiar contratos vinculados a servicios asistenciales, conciertos y convenios, mantenimiento de instalaciones (limpieza, seguridad, vigilancia), suministros de electricidad, agua o combustible, necesarios para el funcionamiento de los centros e instalaciones. El resto (43 %) se destinó al abono de prestaciones, ayudas o subvenciones destinados a particulares, asociaciones y entidades locales.

Asimismo, en cuanto a los planes de ajuste de los ayuntamientos , Montero ha apuntado que es cada consistorio el encargado de elaborarlos según los requerimientos del Gobierno central, y que la Junta se limita a ofrecerles apoyo técnico para su redacción.

Montero ha recordado que en estos días el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha remitido requerimientos especialmente a ciertos ayuntamientos para pedirles elaborar planes de pago y de ajuste que les obligue a cumplir con los plazos de pago.

Ha explicado que, en ese sentido, la Junta «ejerce la tutela financiera sobre los ayuntamientos y está en la obligación de que los ayuntamientos andaluces cumplan con esos compromisos de pago y entre todos seamos capaces de que el sector productivo no se penalice porque las administraciones sean más lentas o tengan dificultad añadida».

La consejera ha reconocido que es consciente de que algunos ayuntamientos «tienen una situación financiera muy complicada y algunos tienen un período medio de pago que superan los 200 días».