María del Carmen Compagni: «Antes en Andalucía salía gratis construir una casa en el campo y ahora se deberá pagar»

¿Por qué se introduce este nuevo criterio?

La LOUA prohibía el uso de vivienda unifamiliar en suelo rústico, pero al final esta restricción se ha utilizado en fraude de ley. De todas las viviendas supuestamente ligadas a una explotación ganadera o agrícola, un porcentaje muy pequeño era el que estaba vinculada a este uso. Algunos, para disimular un poco más, se daban de alta en el censo agrícola y plantaban cuatro tomates mientras se construían una casa. Las parcelaciones ilegales no pagaban absolutamente nada, contaminaban, exigían servicios urbanísticos y paradas de autobús, apelando a que las familias que vivían en ellas necesitan agua y conducciones mínimas de salubridad e higiene. Esas urbanizaciones ilegales, que no cedían nada al ayuntamiento para dotaciones de equipamiento y zonas verdes, representan un problema social, económico y medioambiental brutal. Este fenómeno no es el mismo en todas las provincias. Ahora está afectando sobre todo a zonas del litoral como Barbate, El Palmar, Tarifa o Vejer.

¿Existe una demanda social de residencias en zonas rurales?

La realidad es que sí existe esa demanda. Hay gente que quiere vivir en el campo o que no ha podido acceder a viviendas protegidas porque no se ejecutaban los planes de VPO. La LOUA lo que hacía era taparse los ojos ante una realidad. Consideramos urgente cambiar ese régimen. Si no, dentro de diez años tendríamos el mismo problema que aún no se ha solucionado.

¿Qué condiciones establece la nueva ley para poder hacerse, por ejemplo, un chalé en el campo?

La solución que planteamos es regular desde un punto de vista positivo. En primer lugar, una vivienda en un suelo rústico representa un uso extraordinario. Quien la construya deberá compensar al ayuntamiento con el 15% del coste de ejecución de la obra. Es decir, tendrá que contribuir a la ciudad. Hasta ahora estas viviendas edificadas en fraude de ley, haciéndose pasar por agrícolas, no pagaban absolutamente nada. Deben abonar también las tasas del procedimiento de autorización previa y de licencia. Ahí los ayuntamientos al menos van a recaudar algo, lo que va a servir para persuadir a la gente de que vivir en el campo no va a salir tan gratis como antes.

¿Construir en el campo les salía gratis?

Antes era gratis. Hay parcelas muy baratas y en muchos casos se optaba por la autoconstrucción. Al no tener licencia, tampoco se presentaba un proyecto técnico. No había ningún control del tipo de edificación.

¿Qué trámites debe realizar alguien que quiera, por ejemplo, hacerse una casa en suelo rústico en Barbate?

En primer lugar, debe pedir una autorización previa para cualificar el terreno. Dependiendo del tipo de suelo, se la dará la comunidad autónoma o el ayuntamiento. Tendrá que recabar informes sectoriales por si afectara a una vía pecuaria, un monte o una zona inundable. Con dicha autorización previa ya se puede pedir la licencia al ayuntamiento presentando un proyecto técnico, como cualquier otra edificación. Luego puede pedir la licencia de primera ocupación. No puede impedir el normal funcionamiento de los usos ordinarios. Por ejemplo, si al lado hay una granja de pavos no darán la autorización para una vivienda unifamiliar, porque Agricultura exige una distancia mínima. En segundo lugar, esta edificación no puede inducir a la formación de grupos de población.

¿Los ayuntamientos pueden vetar estas casas en su término municipal?

Pueden establecer zonas libres de estas construcciones porque afecten al futuro crecimiento urbanístico. Al final estas viviendas van a estar muy condicionadas y no se van a poder construir en todos los sitios. La Lista determina que todo tiene que ser viable social, económica y medioambientalmente. Las competencias de ordenación del territorio son de la Junta y las de urbanismo están compartidas con los ayuntamientos.

¿Cómo se va a controlar que no surjan nuevas parcelaciones ilegales?

Estas viviendas se van a poder inscribir en el Registro de la Propiedad. La obligación de aportar una prestación compensatoria municipal va a evitar que se construyan casas ilegales. El problema de fondo es de educación social. El territorio es de todos, los recursos son limitados y hay que respetar el medio ambiente. Todo va a estar mucho más controlado. La disciplina urbanística se va a reforzar creando un cuerpo de subinspección que va a estar presente en todas las provincias y, además, es fundamental que administraciones, cuerpos policiales, jueces y fiscales colaboren.

¿Las casas aisladas existentes en suelo rústico se podrán regularizar?

La vivienda que cumpla los parámetros que establezca el reglamento se podrá legalizar pidiendo autorización y pagando la prestación compensatoria. La que no, no se podrá legalizar.